La situación de desigualdad y diglosia en la que se encuentra el euskera respecto del castellano tanto en Navarra como en la CAV –y aún mucho más en Iparralde con el francés– es una realidad incontestable que se acredita a diario en todos los órdenes de la vida social, personal, familiar, cultural y política de la ciudadanía vasca. Pese a ello, los discursos cada vez más compartidos entre los partidos de la derecha española únicamente plantean la implementación del castellano en detrimento del idioma vasco y de las demás lenguas del Estado, sin abordar la necesidad de políticas que corrijan o puedan paliar en parte esa desigualdad. Un ejemplo claro de ello es la reciente declaración del candidato del PP a la presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró el sábado en Vitoria-Gasteiz que “respeta profundamente las lenguas de España” y apostó por garantizar el bilingüismo. Se trata de una formulación falsa de origen y de concepto. El mero reconocimiento y plasmación formal del bilingüismo no garantizan su consecución y esconden la realidad de desigualdad, siempre peligrosa para la supervivencia de la lengua más débil, en este caso el euskera.
Estos discursos, a los que tampoco son ajenas las fuerzas de izquierda española, se refuerzan con las cada vez más constantes y dolorosas sentencias judiciales que vienen a cuestionar las políticas de fomento, impulso y normalización del uso del euskera, como la conocida el jueves, dictada por una ya tristemente conocida jueza de la capital alavesa respecto a los requisitos para acceder a plazas de funcionario interino y que se suman a fallos anteriores de instancias como el Tribunal Constitucional sobre el uso de la lengua en los ayuntamientos. Lo que parece desprenderse de estos pronunciamientos es que existe una presunta amenaza al castellano debido a la implementación de políticas de fomento del euskera. La realidad es que el conocimiento y el uso preeminente del castellano están garantizados en todo el Estado. Lo que se pretende es una involución en el reconocimiento de las demás lenguas como un derecho positivo, que tenga aplicación y normativa que lo proteja. Actuaciones que van en contra de la inequívoca apuesta ciudadana a favor de aplicar normas de promoción del euskera y de la obligación de algún grado de conocimiento para acceder a la Administración.
