Los acuerdos con el PNV y Junts de las últimas horas y la suma de Coalición Canaria aseguran el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a la investidura de Sánchez y su reelección como presidente del Gobierno tras los pactos que ya había cerrado el PSOE con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG. En total, 179 votos a favor y 171 en contra de PP, Vox y el diputado de UPN. Más votos a favor que otras investiduras anteriores de Calvo Sotelo, González, Aznar o Rajoy. Un camino largo y complicado que ha llegado al buen puerto de sumar una mayoría democrática que nace además con la intención de ir más allá de la investidura y abarcar la estabilidad de cuatro años de Legislatura. Como todos los compromisos políticos, han supuesto cesiones de las partes, pero sobre todo en el caso de las dos fuerzas catalanistas, los acuerdos traen consigo una puerta abierta a una nueva oportunidad de la política y el diálogo democráticos para solucionar el conflicto que arrastra Catalunya con el Estado desde 2006, cuando el Gobierno central y Catalunya pactaron una reforma del Estatut avalado por la sociedad catalana en referéndum por casi el 70% de los votos que posteriormente fue sometido a un infame cepillado en el Congreso y devaluado a sus mínimos por el Tribunal Constitucional en 2010. El problema en Catalunya es un problema político y como todos los problemas, también los de índole política, necesita soluciones políticas. Los caminos diferentes a la política no transitan hacia un buen final. Al contrario, no solo no solucionan el problema, sino que lo enquistan y lo empeoran. Si fue un error del catalanismo optar por la unilateralidad –aunque fuera forzado por la obsesión y dureza de la ofensiva centralista que se desató contra Catalunya–, también lo fue la aplicación del 155, la violencia policial y la judicialización del problema político. Como fue un error desatender y humillar las reivindicaciones catalanas expresadas de forma cívica, libre y democrática que aún hoy evidencia una falta de normalidad en la concepción de la política española. Nada de eso trajo consecuencia positiva alguna ni para Catalunya ni para el Estado. Catalunya, con menor influencia del independentismo en la sociedad hoy que hace seis años, necesita solucionar esa situación de conflicto y retomar la normalidad en su modelo de convivencia, pero también el Estado, excepto sus sectores políticos y sus estructuras reaccionarias que viven cómodamente instaladas en la crispación y la confrontación continuas, necesita de esa misma solución. Coincido con el ex presidente Zapatero en que los acuerdos con Junts y ERC son un nuevo gran pacto de Estado y con su reflexión de que el PP de Feijóo debería formar parte del mismo. No ocurrirá porque la derecha ya ha sido arrastrada por la ultraderecha hacia posiciones en las que el diálogo político democrático tiene poca, o ninguna, cabida. Esta segunda oportunidad que se abre para Catalunya y también para el encaje político de la plurinacionalidad del Estado no será un camino fácil. Necesitará de confianza y lealtad y un diálogo político honesto desde convicciones democráticas que pueda facilitar acuerdos resolutivos. Si el diálogo acaba con acuerdos, la democracia y la estabilidad ganarán en Catalunya y en el Estado, pero si se impone el boicot político y mediático de las derechas al diálogo político como vía de búsqueda de soluciones democráticas, las cosas irán a peor para todos.