Una vez conocido su contenido, ni se justifica el tono apocalíptico de la derecha española en torno a la Ley de Amnistía ni existen visos de que PP y Vox vayan a detener la campaña con la que pretenden suplantar en la calle el resultado de las últimas elecciones. La reclamación de una nueva convocatoria electoral en las calles el pasado fin de semana demanda “seguir votando hasta que gane Feijóo”.
La incuestionable legitimidad que acompaña a quienes decidieron mostrar su rechazo a los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, incluyendo la citada ley, no puede esgrimirse como factor de alienación del sufragio. Lo contrario inhabilita el sistema democrático en sí mismo y abre las puertas a otro modelo que nadie se atreve a abrazar éticamente pero que impulsa en términos prácticos: la sustitución del sistema de representación por la presión física de una mayoría no acreditada.
El texto normativo que se propone aprobar por vía de urgencia es significativo al dedicar más espacio a la exposición de motivos que al propio articulado. En ella, es parte secundaria el relato que justifica amnistiar los hechos en torno al procés, y que puede no gustar en su somera descripción de lo acontecido, por aludir al recurso del PP contra el Estatut como punto de partida de la crisis, pero que es fiel a la sucesión de los mismos. Ocultar ese punto de partida está en el origen de toda la iniciativa de las últimas semanas porque es el modo de tratar de convencer a una mayoría de la ciudadanía española de que debe sentirse agredida y no animada al encuentro.
Por lo demás, el texto se blinda en materia de jurisprudencia, desde la aplicada en el marco estatal hasta la europea, y se arma de ejemplos que legitiman la fórmula de la amnistía. En el debate jurídico ha faltado hasta ahora la valoración de estos precedentes y ha sobrado la interpretación ideológica de sus consecuencias. En el fondo, los ejemplos descritos acreditan que hay base en el marco legal que sustenta aplicar una amnistía y es la fórmula en sí la que se ataca, siendo esta la forma de adquirir rango jurídico de una voluntad política en todas las partes y momentos donde se ha aplicado. Es el viejo déficit del discurso del nacionalismo español que acepta a regañadientes el derecho a buscar todo objetivo político por vía democrática pero impide ejercer ese derecho.
