El nuevo paquete de medidas anticrisis que anunció ayer el Gobierno español es receptivo a las demandas europeas de ir cerrando los mecanismos de subvención y subsidio de distintos mercados sin abandonar súbitamente la fórmula que ha sujetado los últimos años de tensiones económicas “acolchando” a la sociedad con gasto público. La estrategia paliativa de la inflación y los precios de la energía ha dado un resultado medible tanto en términos de minoración del impacto en el poder adquisitivo de la ciudadanía, como de equilibrio fiscal.

En el primer caso, a través de las reducciones del IVA al consumo, la subvención al transporte público y las intervenciones sobre el precio de la energía –fiscal y desindexación del precio del gas–; en el segundo, con la incorporación de la tasa especial al sector energético y financiero para compensar el mayor gasto y la reducción de ingresos. Ahora, el marco europeo ha cambiado y prioriza dejar de “dopar” la actividad con fondos públicos y orienta las reglas fiscales hacia el equilibrio: la reducción de la deuda y la contención del déficit. En ese contexto hay que entender la paulatina recuperación de los tipos del IVA al consumo o la certeza de que la excepción ibérica en el mercado energético concluirá con el año 2024.

Pero un giro de 180 grados haría derrapar los bolsillos y la propia estabilidad de la actividad si renunciar a todas las medidas protectoras colapsa la demanda interna que ha sido, además del turismo, factor fundamental del crecimiento en el Estado este año. Así que la menor intervención debe ser gradual y orientarse a los sectores vulnerables frente a la incertidumbre de los precios y la inestabilidad del crecimiento, factores de crisis vigentes. En ese marco encaja la baja fiscalidad de los alimentos básicos con la subida paulatina de la de la electricidad o la protección frente a desahucios.

También resultan consecuentes las medidas no directamente asociadas a los precios y a la recaudación, como las pactadas con el PNV para que los tributos a las energéticas y banca se incorporen a las haciendas forales vía Concierto y Convenio o que el contrato relevo permita rejuvenecer la industria y preservar los puestos de trabajo. Todo ello con el objetivo de que el aterrizaje suave coincida con el relanzamiento de la estabilidad económica y que nadie quede atrás en el camino.