Golpe del Supremo al corazón del autogobierno de Navarra

No es un matiz menor. La Lorafna, la ley de Amejoramiento del Fuero, recoge en su artículo 49.3 que “en todo lo relativo al tráfico y circulación Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta”. Y aunque tanto la parte navarra como el propio Tribunal Supremo han interpretado siempre ese “actualmente ostenta” desde una lectura no restrictiva y acorde con el valor histórico del régimen foral, los magistrados señalan ahora que su lectura ha de ser literal. Lo que implica que a Navarra le corresponden las competencias que ejercía en 1982, fecha en la que se aprobó la Lorafna, y no las que históricamente había venido ejerciendo desde la creación del Cuerpo de Policía de Carreteras en 1928.

Desde el punto de vista jurídico, eso supone que no es suficiente un real decreto para realizar el traspaso. Hace falta una ley orgánica de cesión de competencias o, en su caso, una reforma del Amejoramiento que clarifique la redacción. El Gobierno de Navarra se inclina por esta segunda vía porque ofrece mayores garantías. Blinda el traspaso y tiene más valor histórico que la primera, que implica reconocer que la competencia es del Estado y que la podría recuperar en el futuro.

El problema es que la reforma del Amejoramiento requiere un proceso político más amplio, y la urgencia con la que se intenta llevar a cabo puede dejar por el camino otras reformas necesarias en una ley que tiene más de 40 años y que en algunos de sus puntos ha quedado obsoleta. Cuestiones que quedarían pendientes para una futura reforma que se debate ya en el Parlamento, pero que ahora mismo parece lejana.

Este es el momento

Este miércoles el Gobierno de Navarra dará el primer paso para abrir una negociación con el Estado y pactar los cambios necesarios en la Lorafna para clarificar el alcance de la competencia de Tráfico. El Gobierno de Sánchez se ha comprometido a buscar una salida y es previsible que sea rápida para evitar que esta situación se prolongue en exceso.

Sería sin embargo un nuevo error histórico creer que los reparos del Supremo se limitan a la ambigüedad de la redacción de la Lorafna, y no a una visión reduccionista del conjunto del régimen foral. La sentencia de esta semana no solo enmienda su lectura anterior. También reinterpreta el espíritu foralista de la Lorafna. Un texto que en 1982 quedó lejos de la reintegración foral plena pero que reconocía el carácter histórico de sus instituciones y la vigencia del régimen foral.

Desde entonces no solo no se ha completado, sino que ha visto recortado su alcance con una revisión doctrinal paulatina, tanto por parte del Supremo como del Constitucional en base a diversas normativas del Estado que han servido para reinterpretar a su favor los límites competenciales de Navarra en lo que se refiere a legislación básica, a los impuestos no convenidos y ahora también al alcance de los derechos históricos.

El Estado ha ido reduciendo la Lorafna y el régimen foral a una ley orgánica estatutaria alejada de su carácter original. Cuestionan incluso el carácter histórico de la Policía Foral. Un precedente peligros porque si hay algo que forma parte de los derechos históricos de la Comunidad Foral, junto con el Convenio Económico o la propia Diputación, es precisamente su cuerpo de policías.

Resulta fundamental por ello clarificar el Amejoramiento, no ya en lo que afecta al control de carreteras, sino al conjunto del marco competencial. De entrada en lo que se refiere a la legislación básica, argumento con el que se ha venido limitando la capacidad normativa de Navarra, supeditándola siempre a la voluntad del Gobierno central.

Pero sobre todo, al reconocimiento expreso de las funciones exclusivas de la Policía Foral en toda su extensión. De medio ambiente a la policía judicial, pasando por todo lo relativo al orden público. Si Navarra aspira a contar con una policía propia y de referencia, este es el momento. No habrá más oportunidades.