Los datos hablan por sí solos. Somos el país con mayor porcentaje de personas en alquiler en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social, un 44,8% nada menos, según un informe del Banco de España, que recuerda que entre 2015 y 2022 los precios de alquiler se dispararon un 28%. Aunque son cifras de 2022 el problema no ha ido a mejor, por delante de países como Malta, Rumanía, Bélgica e Italia. Un sobreesfuerzo que limita la capacidad de ahorro y de gasto especialmente de nuestros jóvenes y de muchas personas migrantes.

Esta misma institución, que no está de acuerdo en limitar los precios de los alquileres, medida que sí han puesto en práctica otros países como Francia, Alemania o Suecia, y aboga por incentivos fiscales, asegura que hacen falta en el Estado 600.000 viviendas nuevas hasta 2025 pese a reconocer que casi cuatro millones están vacías.

El diagnóstico está claro, las recetas dependen de quién las dirija. En el otro extremo de este desigual mercado, se encuentra una generación de ‘caseros’ que disfruta de unas rentas anuales altas entre los 50.000 y los 56.000 euros anuales, es decir, 2,58 veces superior a la de quienes alquilan, según otro informe, del Grupo de Estudios Críticos Urbano. Es decir, personas que ya disfrutan de ingresos importantes (entre 2,15 y 2,58 veces superior) antes de recibir un extra.

No precisamente jubilados que complementan su pequeña pensión o pequeños propietarios que no llegan a fin de mes. Por decirlo de otra manera, el futuro está en manos de quienes no necesitan mucho más para vivir cómodamente.