El informe sobre productividad en el Estado español que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE) pone sobre la mesa una aproximación diferente a un paradigma central de las relaciones laborales. Los análisis realizados por la organización constatan que la productividad en el tejido económico español está por debajo de la media de su entorno, lo que ata también sus salarios a un crecimiento inferior.

La productividad se mide en términos de PIB generado por horas trabajadas, lo que determina si el desempeño en la variable tiempo laboral sobre creación de riqueza es mayor o menor. Esta operación confirma que los trabajadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco y los de la Foral de Navarra están a la cabeza en el Estado, con la inserción entre ambos de la media de productividad en Madrid.

Por supuesto, en esa radiografía juega un papel clave el valor añadido de la producción según el tipo de actividad, que permite un mayor rendimiento para las horas industriales y aquellas dedicadas a innovación y competitividad que para las de otros sectores. Pero, en general, lo que la OCDE viene a proyectar es que el factor determinante de la relación laboral va a ser la productividad. A ello conducen las fórmulas de reducción de jornada, que anima a testar mientras se profundice en la rebaja de la temporalidad, como comenzó a hacerlo la reforma laboral de 2021 al propiciar fórmulas de contratación sustitutivas del contrato eventual.

En el debate de la reducción de la jornada laboral entra también la posición de los sindicatos, que demandan esta fórmula sin reducir el salario de modo equivalente a una menor jornada, lo que en la práctica conllevará asentar, también para la perspectiva de la parte trabajadora, un diseño de remuneración ligado al margen de productividad y no tanto al tiempo dedicado a producir. De otro modo no sería sostenible. No parece mal punto de partida en tanto las posibilidades de financiación del modelo de bienestar de una sociedad tienen que ver con los recursos que su tejido económico genera de manera estable. La mayor absorción fiscal de la producción previa solo permite su distribución una vez. Las apuestas inversoras de valor añadido y la mayor productividad propician la fortaleza recurrente que sostiene el equilibrio social.