A tres días de que Cataluña accione el botón de la cuenta atrás que llevará a otras elecciones si se llega al 25 de agosto sin acuerdo de investidura, conviene recapitular sobre lo acontecido. Cataluña celebró elecciones anticipadas el pasado 12 de mayo porque la relación entre los principales agentes políticos del procés era poco menos que insoportable. Junts había decidido largarse del Govern en octubre de 2022 y, pese a que Illa había salido puntualmente al rescate de ERC, la situación no daba más de sí. La gota que colmó el vaso de la mutilada legislatura fue el veto a los presupuestos de Aragonès. Al bloqueo de Junts se sumó el rechazo de los comunes, que no se tragaron el sapo del megacasino del Hard Rock. Encallado el proyecto de cuentas públicas, el president optó por convocar los mencionados comicios casi un año antes de lo previsto.

De las elecciones salió otro atomizado Parlament con hasta ocho siglas y solo una posibilidad real de formar una alianza que suma la mayoría absoluta. Es la que alcanzan por los pelos PSC (42 escaños), ERC (20) y los comunes (6).

Con este resultado, no han faltado las voces cuya ceguera no les permite ver otro desenlace que una repetición electoral. Una demanda que mantienen incluso después de que, por caprichos del calendario electoral, la ciudadanía catalana fuera convocada a las urnas por segunda vez el 9 de junio con motivo de las europeas. Más allá de que estuviéramos ante un contexto distinto, el escrutinio fue si cabe un pelín más contundente. El PSC volvió a ganar con un incremento de tres puntos porcentuales y tanto ERC como los comunes –que comparecieron divididos en Podemos y Sumar– mejoraron algo su respaldo. Todo lo contrario le sucedió a Junts, que cedió terreno.

Con dos elecciones en menos de un mes, persistir en posiciones de bloqueo y pedir otros comicios es propio de comportamientos irresponsables con ramalazos autodestructivos.

El electorado catalán ya se ha pronunciado. Ha dejado claro que quiere un gobierno socialista que dé carpetazo al convulso proceso independentista, y ha premiado la valiente apuesta de Sánchez por restañar las heridas que dejó el procés con la ley de amnistía. Obstaculizar la voluntad popular anteponiendo intereses personales, como viene haciendo Puigdemont, es no tener visión de país. Cabe suponer que en las revueltas aguas de ERC tomarán nota de ello, porque todo apunta a que si alguien se atreve a forzar nuevas elecciones, solo conseguirá darse otro estacazo en las urnas.