El fundador de Wikileaks, Julian Assange, es un hombre libre. Después 15 años de persecución, acusaciones falsas, exiliado en la embajada de Ecuador en Londres y cinco años en una cárcel de alta seguridad en una cela de 2 por tres metros 23 horas al día, el calvario ha llegado a su final. Ha evitado una posible extradición a EEUU donde podía haber sido condenado hasta a 170 años de prisión. Eso sí, ha pagado el alto precio de tener que ceder al chantaje de la Justicia de EEUU y declararse culpable de espionaje para cerrar un acuerdo judicial.

A Assange el poder de EEUU le ha jodido 15 años de su vida con la complicidad de países europeos como Suecia o Gran Bretaña y el silencio sumiso y condescendiente de la mayor parte de la UE simplemente por cumplir con su obligación como periodista y publicar a través de la red Wikileaks miles de cables secretos que ensombrecieron el respeto democrático en la actividad de ministerios de Defensa, Seguridad, Exteriores, embajadas y corporaciones multinacionales de EEUU y otras decenas de estados.

Más allá del personaje, dejó una importante herencia. Puso de manifiesto ante todo el mundo la pérdida de calidad del sistema democrático ante la capacidad de presión de los intereses económicos y geopolíticos de las grandes corporaciones multinacionales y la sumisión de los gobiernos encargados en teoría de su supervisión. El escándalo de los correos de espionaje desveló un modelo en el que multinacionales, gobiernos y entidades financieras se saltan las leyes para obtener beneficios, aun a costa en muchos casos de ocasionar perjuicios personales y colectivos, políticos, económicos y empresariales a millones de seres humanos. Demostró que se han obtenido posiciones de poder y chantaje a costa de espiar, contratar mafias, comprar y vender información reservada e impulsar la corrupción. Pero ninguno de los responsables de todo un cúmulo de operaciones ilegales y criminales, por ejemplo torturas y asesinatos de civiles en Irak y Afganistán, ha tenido que responder política o penalmente.

La documentación revelada evidenció que los gobiernos obvian la legalidad internacional y la ética democrática. El caso de Assange supone también una nueva derrota de la libertad de prensa propia de dictaduras y regímenes autoritarios ahora en las propias democracias. Una amenaza global a los periodistas y a la publicación de la verdad oculta. La prensa libre nunca ha tenido un presente fácil y son periodistas cuyo trabajo representa un desafío contra intereses políticos, económicos, financieros, empresariales, militares, religiosos o mafiosos los que son víctimas de intimidaciones, cierres, asesinato, exilio o cárcel. Publicar aquella verdad que no se quiere que sea publicada y garantizar así el derecho a la información del que son sujetos los ciudadanos es una obligación del periodismo libre y aunque sigue siendo complicado y peligroso es fundamental en la calidad de una democracia real.

Assange está libre, pero el periodista Pablo González todavía no. Hoy hace 851 días hoy encarcelado en Polonia sin acusación, sin pruebas, en aislamiento y sin derecho a una defensa efectiva. Polonia está vulnerando sus derechos como ciudadano europeo, pero la estructura política europea mira cobardemente hacia otro lado. Y hay muchos más periodistas así.