Los derechos de todas las personas son inalienables y no deberían ser cuestionables ni objeto de confrontación o disputa política. El artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. En su preámbulo, considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Las celebraciones y reivindicaciones del Día del Orgullo LGTBI+ vuelven a recordar a la sociedad que incluso en las sociedades más avanzadas en pleno siglo XXI la igualdad no está ni mucho menos plenamente conseguida y que sigue habiendo personas que no tienen garantizados sus derechos y su libertad porque están discriminadas por distintas razones, como el género, el origen o su elección sexual. Tan solo en Navarra se atienden un centenar de consultas al año por casos de discriminación LGTBI.

Es la falta de igualdad plena lo que impide la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta evidente que en los últimos años, gracias a la concienciación social y al impulso de los colectivos LGTBI+ y de otras organizaciones e instituciones, se han logrado avances importantes en el terreno del reconocimiento de la igualdad y la lucha contra cualquier tipo de discriminación, pero es obvio también que queda aún mucho camino por recorrer. Sobre todo, ante la constatación de que desde determinadas instancias, en especial las organizaciones de la extrema derecha, se pretende un cambio de tendencia en el intento de crear una opinión contraria a través de actitudes homófobas y discursos de odio contra la diversidad cada vez más explícitos.

Estos discursos son inaceptables porque atentan contra los más elementales derechos humanos. Sin embargo, se están instalando en ciertas instituciones en las que gobierna la derecha, bien con el PP en solitario o en coalición con Vox. Hay ejemplos evidentes de estas políticas impulsadas por la derecha que se manifiestan incluso en nuevas leyes autonómicas que contradicen e impugnan normas que garantizan derechos de las personas LGTBI y trans. La responsabilidad del PP en este ámbito mediante el blanqueamiento e incluso la promoción de las políticas de la ultraderecha frente a los derechos y libertades resulta elocuente de su deriva ideológica.