El traspaso de Tráfico para que Navarra asuma esta competencia se ha convertido en el cuento de nunca acabar. Y no estamos ahora en disposición de asegurar, ni mucho menos, que algún día vaya a materializarse de manera plena y definitiva. Ni siquiera después de que este miércoles la representación navarra en la Junta de Transferencias haya avalado la propuesta del Gobierno de España para seguir un recorrido político y jurídico que cristalizará, si nada lo impide por el camino, en julio de 2026.

Pese a que el acuerdo cuenta con el apoyo del 90% del Parlamento foral –lo respaldan todos los grupos de la Cámara excepto los representantes del PP y Vox–, sería sin embargo muy aventurado pensar que esta hoja de ruta llegará a buen puerto después de todas las trabas que se han encontrado durante las últimas décadas. La realidad es que lo acordado ahora supone transitar por una senda muy extendida en el tiempo durante la cual pueden surgir nuevos impedimentos que den al traste con estos plazos.

De momento, el Consejo de Ministros debe remitir al Congreso el contenido de la reforma del Amejoramiento recientemente aprobada en el Parlamento foral. Un procedimiento que en principio no debe ser más que un mero trámite, ya que en la Cámara Baja existe mayoría para su aprobación. No ocurre lo mismo en el Senado, donde tendrá que hacer una nueva parada esta reforma. Allí, el PP tiene votos de sobra para paralizarla y podría devolverla al Congreso para que levantara un más que probable hipotético veto. Si el periplo político se supera, habrá que cruzar los dedos para que no haya nuevas denuncias ante el Tribunal Supremo que den al traste con todo. No hay más que recordar lo sucedido el pasado mes de febrero, cuando el Alto Tribunal decidió estimar el recurso de la Asociación Justicia Guardia Civil (Jucil).

Entonces, el Supremo cambió su propio criterio e hizo una restrictiva lectura del Amejoramiento negando a Navarra la capacidad de detectar infracciones. Una sentencia que echó por tierra todo el proceso previsto para la asunción gradual de esta competencia –se había puesto en marcha una oferta pública de empleo para cubrir las plazas necesarias de policías forales y se iba a acordar la pasarela de agentes de la Guardia Civil– y que ahora obliga a la cautela antes de dar cualquier paso.