El periodista hispano-ruso Pablo González ha recuperado su libertad tras estar casi 30 meses encarcelado en Polonia. Ha sido en un intercambio de prisioneros, con un triste aroma a los viejos tiempos de la Guerra Fría del pasado siglo XX, entre varios países occidentales y Rusia auspiciado por Turquía y que incluía a un periodista estadounidense igualmente acusado y condenado por espionaje en la Rusia de Putin. Polonia no ha aportado ni una sola prueba sobre sus acusaciones contra Pablo González de presunto espionaje para Rusia. Ni siquiera se han presentado cargos ni una acusación judicial oficial contra él en los 887 días de detención, aunque eso no ha impedido al sistema judicial polaco, cuestionado por la UE, prorrogar hasta en ocho ocasiones la prisión preventiva. Casi 30 meses sometido a aislamiento, 23 horas encerrado en una celda de alta seguridad sin ventanas y con mínimas posibilidades de comunicación con su familia –su mujer y sus tres hijos residen en la CAV–, y con su defensa. Tras su puesta en libertad han vuelto a surgir mensajes y opinadores en redes y medios que afirman que el hecho de estar incluido en el grupo de prisioneros pactado con Rusia confirma sus vínculos con los Servicios Secretos rusos bajo la apariencia de periodista. Pero tampoco ninguna opinión ni información ese sentido aporta las pruebas objetivas que avalen esa acusación. Desconozco si es solo un periodista o un espía ruso encubierto como periodista –es evidente que los espías no lo anuncian con una pegatina en el pecho–, pero sí se que las bases de una justicia y democrática y garantista establecen como prioritario el principio de la presunción de inocencia y, en ese contexto jurídico, el periodista Pablo González sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario y nadie lo hecho en estos dos años y medios de encarcelamiento. Tampoco ha tenido acceso a su derecho de defensa de forma efectiva y se le ha privado finalmente de un juicio justo en el que poder defender su inocencia. Y pese a esta sucesión de violaciones de sus derechos como ciudadano del Estado español y como ciudadano europeo, ni el ministro Albares ni el Ministerio de Asuntos Exteriores han hecho lo mínimo por salvaguardar esos derechos vulnerados. Tampoco las instituciones de la UE. Una dejación de sus funciones y de sus obligaciones inaceptable democráticamente. Al menos, tanto asociaciones y ONGs de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional o Reporteros sin fronteras, compañeros periodistas y algunas voces políticas y declaraciones institucionales, entre ellas la del Parlamento de Navarra, han insistido una y otra vez durante este tiempo en reclamar el respeto a sus derechos civiles. Pablo González ya está en libertad, –como también Assange hace solo unas semanas–. Será interesante escucharle.