El expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la exsecretaria general del mismo partido María Dolores de Cospedal tendrán que comparecer finalmente como testigos en el caso Kitchen después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aceptara las peticiones de comparecencias del PSOE y de Podemos en el juicio oral abierto contra el ex Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su ex secretario de Estado, Francisco Martínez. De hecho, solo la estrambótica instrucción del juez García Castellón –cuya jubilación forzosa por edad se ha publicado esta misma semana en el BON–, en este caso y en otros como Gürtel, Púnica, Lezo, etcétera ha impedido que Cospedal y el mismo Rajoy hayan ocupado hasta ahora un lugar en sede judicial. En el proceso de Kitchen en la Audiencia Nacional está también imputada buena parte de la cúpula de Interior de aquellos gobiernos de Rajoy y también, como no podía ser de otra forma, el ex comisario y paradigma del mundo de las cloacas que se movían enlas bambalinas del Estado oscuro organizado por el PP. Fue un burdo montaje de la policía paralela que organizó Fernández Díaz en el Ministerio de Interior, un núcleo bananero sin control judicial, pero financiado con fondos públicos, para, en este caso, espiar a Bárcenas y destruir pruebas que pudieran implicar al núcleo duro del PP. Pero Bárcenas no ha sido la única víctima de esta trama mafiosa de espionaje. También se espió, se organizaron pruebas falsas y se compraron testigos para con la complicidad y colaboración de medios y jueces dañar la reputación personal y familiar de personas, entidades e instituciones de Catalunya y de Podemos. Incluso se controló a María José Beaumont cuando era consejera de Interior en el Gobierno de Barkos. A esa cloaca ideológica y policial le han intentado llamar policía patriótica, cuando en realidad es una simple policía política al servicio de los intereses partidistas del PP. De hecho, son policías propias de regímenes antidemocráticos y autoritarios, repúblicas bananeras o sistemas corruptos sin derechos ni libertades. Para que se entienda mejor, policía política fue aquella Brigada Político Social del franquismo. En realidad, la policía política de Fernández Díaz, conectada directamente con Cospedal y con Rajoy como el propio Villarejo ha dejado claro en varias ocasiones, son ejemplos de la existencia de tramas mafiosas y secretas que utilizan el poder político, la complicidad periodística y los recursos públicoscontra los adversarios o para entorpecer la actuación de la justicia. Quizá Kitchen pueda parecer una operación de botijo y pandereta, pero es de una gravedad extrema porque afecta a los aparatos del Estado, se salta las leyes, se carga la separación de poderes y socava los cimientos de la credibilidad democrática. No sé cual será el devenir del juicio, pero confío –aunque parezca una pardillada–, que ese final no repita esa tradición que se ha aplicado hasta ahora en numerosos casos de corrupción, fraude fiscal y otros delitos de vinculados a la política y el poder que consiste en que, una vez pillados en flagrante delito, se les convierte en una especie de cuestión de Estado por los supuestos servicios prestados como mejor escudo de protección. En que se acabe ese amplio de impunidad de una vez.