La devolución a Navarra de las competencias en exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial para la Policía Foral supera el que debe ser antepenúltimo escalón. El Congreso aprobó ayer, con la oposición de PP y Vox, la reforma exprés del Amejoramiento que tuvo que acometer el Parlamento de Navarra –lo avaló este lunes con el 90% de los votos de la Cámara foral–, para superar la interesada y centralista lectura que hizo el Tribunal Supremo del Amejoramiento para intentar paralizar la transferencia al valorar que el artículo que la recogía no se derivaba que fuera un derecho histórico de Navarra. De hecho, ya en 1843 la Diputación Foral contaba con una ordenanza para la conservación y vigilancia de las vías públicas que en 1928 cristalizó en la creación del Cuerpo de Policía de Carreteras, actual Policía Foral, hasta que la dictadura franquista la eliminó en 1962. Sin obviar que la propia Constitución de 1978 reconoce a Navarra los pocos derechos históricos que le quedan desde 1841 y este es uno de ellos. Lo saben, pero no quieren recordarlo. La historia continuará ahora en el Senado, donde la mayoría absoluta del PP la volverá a rechazar y deberá entonces regresar al Congreso para ser aprobada definitivamente. Una absurda historia. El caso es que llega 28 después de que Sanz, en su primera investidura como presidente de Navarra en 1996, se comprometiera a hacer efectiva esta transferencia. En ese momento, Aznar necesitaba los votos de CiU y acordó con Pujol la cesión del control de las carreteras a los Mossos sin problema alguno. Así, el primer acuerdo fue con Aznar, con Sanz como presidente, que nunca cumplió. Desde entonces los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP jugaron al sí y al vuelva usted mañana hasta que la entonces presidenta de Navarra Uxue Barkos acordó el traspaso con Sánchez ya como presidente también en 2018. El proceso se ha ido alargando una y otra vez con negociaciones y trabas burocráticas, técnicas o econó micas hasta que lo culminó Chivite con el propio Sánchez y ahora se ha solucionado el último palo en la rueda que puso el Supremo. Cuatro décadas para que el Estado cumpla el acuerdo que había firmado con Navarra en 1982. Todo esto lo suelo repetir, pero muestra con toda claridad otro ejemplo de que a la burocracia centralista que hierve en Madrid y que tiene al autogobierno foral de Navarra como un objetivo prioritario, cada paso en la descentralización administrativa y política y en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado le produce dolores de cabeza. Esta reforma del Amejoramiento ha tenido solo el rechazo de PP y Vox. El PP contradice su posición histórica en Navarra y lo hace con un discurso falso y tremendista ondeando la mentira de que el traspaso de Tráfico supone echar a la Guardia Civil de Navarra. Aunque tampoco se puede olvidar que Navarra mantiene una media de casi 6 agentes por 1.000 habitantes, el doble de la media estatal y es la región europea con mayor porcentaje proporcional pese a ser uno de los territorios con menor índice de criminalidad y delincuencia. Que dos ex altos cargos de UPN que llevan años votando a favor en las instituciones navarras de este traspaso –cuando cobraban la nómina pública como cargos políticos de UPN–, tras su escapada al PP sean ahora los adalides de semejante falsedad solo muestra el nivel de desfachatez que puede alcanzar la política. Debiera ser realidad antes de fin de año.