Todo el cinturón sanitario construido por el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez para salvaguardar al presidente del impacto del ‘caso Ábalos’ parece haber saltado por los aires con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El contenido de la investigación policial no contiene, en realidad, elementos acusatorios directos sobre el eventual papel del presidente español en una trama que se describe en los parámetros clásicos de otros casos de corrupción política conocidos en el pasado. Pero la interpretación del informe de la UCO invierte ahora mismo los términos de otros anteriores –como el exculpatorio del realizado en torno a la actividad de la esposa de Sánchez– y esta vez, lejos de ser obviado en el relato público, sí será manejado como prueba definitiva por la oposición.
En todo caso, el arrastre del ‘caso Ábalos’ es superior a su esclarecimiento: la inestabilidad que genera en el entorno del Gobierno y su partido es inmediata y, aunque se esté lejos de poder inculpar o exculpar su actuación, aporta munición a una campaña constante de deslegitimación. Al Gobierno español y al PSOE les asiste la verdad cuando defienden una actuación radical para apartar al exministro del Ejecutivo y la militancia en el PSOE, pero también quedan en evidencia errores en diferentes fases de la gestión de la crisis. En primer lugar, el cierre de filas en defensa de las acciones del ministro, sin cuestionamiento de las mismas, se apunta como un exceso de confianza en hechos que han dejado posteriormente en evidencia el discurso oficial, más preocupado por evitar el debate que por clarificar sus razones. También revela el informe policial prácticas que apuntarían claramente al tráfico de influencias de personas que, cuando menos, no han sido auditadas en su actuación pese a una responsabilidad ejercida a través de funciones extraoficiales pero con incidencia directa en procedimientos reglados, con supuesto impacto en la gestión pública y sus recursos. Lo que no apunta el informe es a aprovechamiento de la trama más allá de los directamente vinculados a ella. Ni Sánchez se habría lucrado ni el PSOE habría obtenido ventajas de ella. Pero sí habrían caído ambos en el error de dar por buenas de oficio y amparar gestiones de las que tuvieron conocimiento y que debieron ser atendidas con más celo.
