No es país para jóvenes

Ni alquilar ni comprar. Está claro que no es un buen momento para emanciparse. Éste no es país para jóvenes pero puede que dentro de poco tampoco lo sea para muchos otros colectivos sociales. Un problema de accesibilidad habitacional complejo pero que tiene sus antecedentes en un sistema donde la vivienda pública no ha sido una apuesta. En nuestro país en general. Y es muy difícil invertir esta tendencia -aunque el cambio de rumbo en el caso de Navarra llegó a partir de 2015- después de muchos años y más ahora cuando un tercio del presupuesto se te va a pagar las plantillas. Veo la partida del anteproyecto para 2025 que el Gobierno foral destina al peaje en la sombra -120 millones- y me doy cuenta que prácticamente es el mismo presupuesto que se maneja para el departamento de Vivienda (2,14% del total). Es decir, la herencia de UPN del pago del canon a las concesionarias de las grandes obras. La misma herencia política que permitió despatrimonializar el parque de vivienda pública y regalar la VPO que pagaron las arcas públicas a miles de navarros que pudieron venderla a los años en el mercado libre obteniendo pingües plusvalías. El mismo legado que dejó atrás la oferta de vivienda de alquiler protegido -mínima y marginal- o que posibilitó la entrada de fondos buitres en edificios calificados para alquiler.

Los precios del alquiler han subido una media de un 24% en los últimos cinco años en Navarra. Como para no apoyar las zonas tensionadas -el Ejecutivo foral acaba de iniciar el trámite-y la intervención en un mercado totalmente desregulado (también el alquiler por habitaciones). Tenemos nada menos que 19.080 solicitudes de vivienda protegida, el mayor registro de los últimos trece años. Navarra sigue siendo además la 2ª CCAA con menor tasa de personas en riesgo de pobreza pero éstas se duplican desde 2008 en Navarra hasta llegar al 17,2%. El escudo social (99 millones se destinan a la renta garantizada y 57 son para el ingreso mínimo vital) consigue contener en parte esta realidad. La presidenta de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión daba el dato esta semana: 115.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión, lo que se ha agravado por “el problema de la vivienda”. Una realidad que hace especial mella en las familias monoparentales.

Habrá quien diga que ya hay suelo activo para más de 35.000 viviendas (incluyendo los desarrollos de Etxabakoitz, Donapea y Guenduláin), más de la mitad de ellas de protección oficial, pero lo que no hay es dinero para construir. Sube la partida para compra de VPO (6,5 millones para adquisición de vivienda) pero todavía resulta insuficiente para evitar la salida al mercado de unas 320 viviendas (a un precio tasado que no siempre es el real). Y la vivienda vacía (dicen que aquí la mayoría son pequeños o medianos propietarios) no aflora al ritmo que quisiéramos, también por falta de conciencia social. Contar con un parque público de vivienda es la única medida realmente efectiva pero para ello hace falta tiempo y dinero. Y que el derecho a una vivienda digna se convierta en uno de los principales rectores pero no ya de la política social sino del gasto público en general.