Arrecian los mensajes que alimentan la creación de un estado de opinión negativo en torno a la política española y los políticos en un contexto en el que siguen perdiendo el favor de la ciudadanía, que tiene dificultad para valorar su desempeño si no es a través de la lente que enfoca hacia escándalos pendientes de acreditar.

En el caso del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inflamación del relato mediático y político sobre presuntos delitos alcanza niveles excesivamente gaseosos y lleva camino de suplantar la acción garantista y clarificadora de la justicia. Se pierde la perspectiva de lo que debe ser preservado y de lo que merece ser considerado como sustancial a la hora del justo y debido control de la acción de los políticos. En torno a la cónyuge del presidente se debe clarificar si ha habido o no tráfico de influencias y si ha dañado los intereses de la ciudadanía con una presunta intervención no legal. Sin embargo, todo parece diluido en un maremágnum de insinuaciones y argumentos que se anticipan en los medios o se filtran desde el entorno procesal ante la pasividad del juez responsable de garantizar el secreto de sus pesquisas.

En paralelo, un ‘conseguidor’ imputado por corrupción promete pruebas de una serie de delitos que, hasta la fecha, están sin acreditar con pruebas periciales. Pero extiende e hila una presunta trama de elementos circunstanciales elevados a la categoría de hechos incuestionables por una libertad de expresión ejercida en base a intereses de parte que, en otra circunstancia y sin el amparo de la práctica política, serían causa de difamación. Alimenta también la desazón social que la acusación de fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid haya abandonado el foco de la opinión pública para dirigirse a la imprudencia en el uso de información del procedimiento por parte de la Fiscalía o el Gobierno. Un hecho grave en tanto denotaría un abuso de poder.

Aunque la misma práctica de la filtración abona a diario las informaciones sobre el caso, cuyas novedades se convierten en públicas sin que el Tribunal responsable de preservarlas pueda impedirlo. Las garantías en democracia conllevan rigor en el control político, pero también para evitar el desenfoque interesado que suplante ante la ciudadanía la veracidad por relatos interesados.