La aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo proyecto de ley con el que el Ministerio de Sanidad busca atajar el consumo de alcohol entre menores y adolescentes en el Estado español debe ser un paso más que refuerce las restricciones ya vigentes. El consumo de esta sustancia afecta al desarrollo cerebral y al desempeño educativo, favorece las conductas de riesgo y aumenta las posibilidades de desarrollar futuras adicciones No se trata solo de más regulación. En Navarra, desde que en las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo se multiplicó el número de casos de menores con altos índices de consumo de alcohol, se han venido aprobando normativas específicas que reglamentan la apertura de expedientes o la imposición de sanciones por la venta de alcohol a menores o por la simple intermediación en la misma, normativas que se han ido respaldando con leyes que han tratado, con desigual fortuna, es cierto, de acentuar la prevención de consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y la necesidad de reducir el acceso de los jóvenes al alcohol. De hecho, Navarra lidera la estadística de ser la comunidad del Estado en la que más se emborrachan los jóvenes de 14 a 18 años y en el mes de enero dos de cada cinco adolescentes navarros se dieron un atracón de alcohol. Además, los datos ratifican una ligera pero continua reducción de la edad de consumo de alcohol. En este sentido, si las campañas de sensibilización contra el tabaco, incluyendo la restricción directa de su venta y consumo ,o las campañas de seguridad vial han logrado una reducción evidente del tabaquismo y de sus consecuencias sociales y de salud pública o de la mortandad en el tráfico, cabe entender que serían trasladables al fenómeno del alcohol y supondrían un apoyo esencial al primer nivel de educación y control, cuya responsabilidad primera, en el caso de los menores, recae en la familia y después en la no normalización social del consumo. Porque la constatación del progresivo aumento del consumo de alcohol en la juventud y la incidencia del mismo en comportamientos antisociales, de salud mental, atentatorios contra la libertad individual y/o sexual o simplemente incívicos y contra la convivencia –que en Navarra se hacen más evidentes en los ambientes festivos veraniegos o fines de semana–, exige que la sociedad y las instituciones exacerben tanto las iniciativas de prevención y control como las medidas de educación, pedagogía, información y ocio alternativo necesarias.