Inma Jurío, que abandonó la semana pasada su escaño en el Parlamento Foral, era de los cargos públicos del PSN que más indignación mostraba cuando alguien tachaba a su partido de “euskarafobo”. No creo que sea un término que pueda generalizarse al 100% de la militancia socialista navarra, aunque sí coincide con la actuación, activamente contraria a la promoción de la lengua vasca, de bastantes de sus electos. En el propio gobierno de coalición que preside María Chivite, su alma mayoritaria oscila entre la indiferente lejanía, la frialdad glacial y la simple y llana guerra de guerrillas. Destaca entre los abiertamente beligerantes el consejero Óscar Chivite, quien, a pesar de su cargo -es titular de… ¡Cohesión Territorial!- prefiere que le corten un brazo antes de que su departamento ponga señales viales en euskera, ni en los sitios donde le obliga la ley ni en los que es el respeto a la diversidad de esta tierra el que debería interpelarle. El otro agujero negro lingüístico en el Gobierno Foral lo sigue siendo la consejería de Educación, que preside Carlos Gimeno. Su última ekintza, la Orden Foral 57/2024 que obliga a los centros de modelo D-PAI a elevar sus horas de inglés hasta siete a la semana e impone que asignaturas troncales se impartan en este idioma. Siempre en detrimento de las horas de euskera y todo sin estudios previos ni diálogo alguno con las comunidades educativas. Padres y madres de este modelo de los centros público de Olite, Tafalla, Sarriguren, Puente la Reina, Buztintxuri y Noáin llevan una semana protagonizando protestas en la calle contra esta medida unilateral, por considerarla perjudicial tanto para las competencias de alumnos y alumnas como para su aprendizaje del euskera, que parece que es de lo que se trata. Guardan silencio las otras almas del Gobierno, así como sus socios presupuestarios.
