Podemos ponernos perfectamente en situación. No es tan difícil. Imagínense cómo sería vivir en 10-15 metros cuadrados pero no piensen en un apartamento coqueto sino en una vivienda que se comparte con otras cuatro personas que no tienen porqué pertenecer a tu clan. Y allí tener tu cama, tus cosas, tu mesa de trabajo o el ordenador con el que te conectas con el mundo o chateas con tu familia que vive fuera. Pienso en el cuadrado más pequeño, de diez metros cuadrados, una habitación nada más donde alojar tu existencia. Es lo que se llama hacinamiento severo. Baja a moderado si tiene de 15 a 20 m2. En ambas carpetas vitales se encuentra nada menos que el 10,3% de la población.
No hace falta rascar mucho para entender que de los que están en situación severa el 24% han venido del África subsahariana o que solo el 7% tiene nacionalidad española. O que las personas con una renta entre 4.000 y 9.000 euros per cápita presentan una incidencia del hacinamiento que duplica la del conjunto de la población. Son estadísticas del Gobierno de Navarra del 2022 y es evidente que la situación no ha ido a mejor. Los datos cuadran con los que maneja la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión que habla de que un el 7,9% de la población en Navarra se encuentra en situación de pobreza severa y el 18,3% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social.
La propuesta de la nueva ley foral de vivienda para movilizar suelo residencial regular una nueva figura de equipamientos comunitarios para crear alojamientos de alquiler en solares públicos, que puedan gestionar colectivos sociales o la Administración. No parece tan descabellado. Quizás también para atajar casos de sinhogarismo cuyos ejemplos vemos todos los días en las calles de Iruña. En países como Finlandia, Dinamarca y Austria han logrado acabar con la gente que vive en calle con un proyecto que lleva años de camino (con mucha inversión pública en vivienda, y en coordinación con ONGs y ayuntamientos) que consiste en facilitar viviendas que se alquilan con ayudas estatales y luego se favorece el acompañamiento a estas personas, la búsqueda de apoyos y empleo. Bajo esta fórmula se han transformado albergues en apartamentos. La premisa que es lo bueno es que la vivienda es un derecho fundamental y que si se soluciona nos ahorramos otros problemas sociales, sanitarios, de seguridad o judiciales. Estabilidad e independencia. En definitiva, que sale más caro atender sus problemáticas que darles un techo. Y no hablamos de regalar vivienda a nadie. Un problema social que ya no afecta solo a determinados colectivos vulnerables sino a amplias capas de la población. Si la gente está acostumbrada a vivir en 10 metros cuadrados o a dormir en edificios en ruinas, en un apartamento de 25 metros cuadrados sin duda tendría una vida con más oportunidades.
