La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía ha cumplido con los parámetros anticipados tanto en la justificación de su constitucionalidad por la mayoría progresista como en el reproche que contiene el voto particular de la minoría conservadora. La argumentación de unos y otros redunda en situar el debate donde siempre estuvo: en el ámbito de la acción política. Todo está viciado por una renuncia a la construcción de consensos y por su sustitución por imposiciones.
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La crisis que motivó todo el procedimiento judicial derivó en sentencias igualmente cuestionadas por el modo en que se bordeaban, cuando no se desbordaban, los límites del derecho al buscar una interpretación penal a hechos de naturaleza política. Este lastre persiste en toda la gestión posterior; tanto del poder Legislativo como del Judicial. La pretensión de atrincherar una determinada interpretación de la política en ámbitos del Poder Judicial para soslayar la falta de representatividad suficiente en los marcos legislativos sigue contaminando cada paso.
No hay en el voto discrepante del tribunal mayor calidad jurídica que en el mayoritario, aunque reproche precisamente un alineamiento con la voluntad del legislador sin caer en la cuenta de que la función del Alto Tribunal no es buscar el choque con la mayoría legitimada en aquellos ámbitos en los que no existe una colisión con el Estado de Derecho. La amnistía, como figura jurídica, es un mecanismo vigente en el derecho internacional limitado en su aplicación sólo en crímenes de lesa humanidad. No es el caso. La Justicia Europea y las instituciones comunes no proscriben tampoco su aplicación en tanto no atente al interés colectivo causando daño al equilibrio económico de la Unión.
Ninguno de estos extremos se produce, pese a la interpretación estridente del delito de malversación que se ha pretendido. Existe, desde luego, una voluntad política detrás de la Ley de Amnistía como existe detrás de cada una de las normas. Pretender que esa voluntad sea menos legítima no compete a la Justicia. Imponer la voluntad de un tribunal sobre el poder legislativo, cuando no hay en la norma daño, o ruptura de principios de libertad e igualdad conlleva el riesgo de soslayar su función. Devolver a la política aquello que nunca debió salir de su marco siempre será un acierto.