Los trabajadores de las villavesas siguen en huelga. Este 9 de julio los más de 560 trabajadores suman su octavo día de paros en defensa de un convenio colectivo digno. La ciudadanía es paciente, en primer lugar porque entiende las reivindicaciones de la plantilla y se solidariza y, en segundo lugar, porque el impacto ha sido menor al esperado -sin grandes colas ni colapso en las paradas- ante los servicios mínimos (70%) impuestos desde la MCP, más los refuerzos desde la empresa por las tardes, y que vienen a sumar un 86% del servicio.

Medidas legales pero que -hay que reconocer- desvirtúan el efecto de la huelga. Más allá de las reivindicaciones hay un trasfondo que no pasa desapercibido sobre la gestión de este tipo de servicios públicos ya sea limpieza, transporte o basura. Desde las administraciones se adjudica la gestión para periodos muy largos y termina recayendo en grandes corporaciones o multinacionales que tiran a la baja los precios para hacerse con los contratos.

En el caso del transporte público comarcal los compromisos que asume en el pliego la empresa para introducir mejoras en el servicio y cumplir las frecuencias acaban recayendo sobre una plantilla que tiene que apretar el acelerador 365 días. Existe otra realidad también y es que la gran ciudad ha crecido con más calles, paradas y más tráfico. El cambio de movilidad exige un transporte público de calidad pero habrá que cambiar el modelo. Incluso remunicipalizar o recomarcalizar algunos de estos servicios básicos que ya son deficitarios. Mientras, están “asfixiados”.