No hace tantos años que muchas mujeres se veían obligadas a cruzar la frontera –si disponían de medios para ello– para poder abortar con ciertas garantías sanitarias y de forma legal. Hoy, más de medio siglo después, sigue siendo un gran negocio para hospitales y clínicas privadas. Navarra registró 1.017 abortos en 2024 y tres de cada cuatro interrupciones fueron en Osasunbidea, a diferencia del conjunto del Estado donde la mayoría se practicaron en hospitales privados.
El PP del Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una moción de Vox en la que obliga a los sanitarios a informar a las mujeres del síndrome postaborto (consumo de alcohol, drogas, pensamientos suicidas, riesgo de cáncer....). ¡Inaudito! Ayuso a su vez anuncia que no pondrá en marcha el registro de médicos objetores obligatorio desde 2023; de ahí su célebre frase “Váyase a otro lado a abortar” (en Madrid, el 1% son públicos). Esta medida se reguló para evitar que las consejerías de salud u hospitales enteros apelasen a una supuesta objeción generalizada y no tener que asumir abortos en la red pública. Una vieja polémica.
Sánchez avisa a Ayuso de que acudirá al TC tras negarse a elaborar la lista de médicos objetores: "Pues váyanse a otro lado a abortar"
El Constitucional avaló de hecho en 2014 el registro navarro de médicos objetores al aborto tras un recurso del PP. Ayuso pone como excusa no querer señalar con una lista negra y Sánchez amenaza con llevarla al TC. Pero más allá del rifirrafe político lo que está en peligro son los derechos de las mujeres ya garantizados por ley. A decidir sobre su propio cuerpo y tener información suficiente para tener autonomía sobre su salud sexual y reproductiva (van de la mano).