La dos primeras declaraciones en la comisión de investigación que analiza las adjudicaciones de obras públicas en Navarra a las empresas Acciona y Servinabar, las del presidente y el secretario de la Mesa de Contratación en el caso de los túneles de Belate, Jesús Polo y Lorenzo Serena respectivamente, han aportado pocas novedades sobre la presunta trama en Navarra del caso Cerdán. Más allá de la confrontación de visiones diferentes entre el presidente, un técnico, y el secretario, un jurista, la presunta ilegalidad de la adjudicación ha quedado debilitada si Polo no fue el último en votar en la Mesa con lo que no pudo decantar la decisión final.

Una realidad que no difiere mucho de la percepción tras los contundentes informes de Intervención del Gobierno, órgano encargado de la legalidad de las adjudicaciones, y de la Cámara de Comptos sobre las obras señaladas en respuesta a las valoraciones de la Oficina Anticorrupción. Se han detectado irregularidades administrativas y fallos de custodia, pero nada que apunte a ilegalidad concreta alguna. Y menos aún a la existencia de una trama organizada y asentada en las entrañas del Gobierno de Navarra y de la Administración foral de corrupción y pago y cobro de mordidas. Quedan muchas comparecencia aún por delante y sigue abierta la investigación judicial a través de la UCO de la Guardia Civil por lo que las incógnitas que apuntan los indicios iniciales siguen abiertas, pero el paso del tiempo y la ausencia de pruebas objetivas van poco a poco reduciendo el entusiasmo y la algarabía inicial con la que los partidos de la oposición conservadora enfrentaron las primeras informaciones sobre la presunta trama de Cerdán.

A día de hoy, Navarra no ha sido el núcleo de la corrupción en el Estado. Tampoco hay prueba alguna de que la presidenta Chivite o alguno de sus consejeros en el Gobierno ni ninguno de los técnicos participantes en las mesas de contratación de esas obras hayan podido formar parte de un sistema organizado para cobrar dinero a cambio de adjudicaciones. El caso Cerdán está hoy muy lejos de la trama eólica que se juzga ahora en Castilla-León, donde políticos, altos cargos y funcionarios están implicados en el cobro y pago de 75 millones de euros. O con el caso Hidrocarburos de Aldama, donde la factura de la corrupción asciende al menos a 180 millones de euros. Ni de la permanente cascada de nuevas revelaciones del caso Gürtel, ya en juicio.

Ni con el caso Montero, curiosa e inexplicablemente desaparecido de los medios. De hecho, aquellas primeras sensaciones que se mostraban en los discursos de UPN, PP y Vox en Navarra parecen haber pasado poco a poco a sustituir el entusiasmo por el embarramiento político y la algarabía por la preocupación. Cerdán ha vuelto a solicitar al juez Puente su puesta en libertad, mientras el ex ministro Ábalos y Koldo García –cada más señalados por lo asqueroso, grotesco y machista de sus comportamientos y con ingresos de origen difícil de explicar–, permanecen en libertad. No tengo ningún don de adivino ni futurólogo, afortunadamente porque no tengo interés alguno en saber de antemano mi mañana, y quizá me equivoque, pero a este paso el caso Cerdán en Navarra puede acabar antes que la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que acaba de comenzar.