Si en la gestión política lo urgente se convierte en enemigo de lo importante, la naturaleza de las urgencias puede resultar exasperante. Ejemplos de ello tomaron forma en la configuración de la actualidad en las últimas horas. Basta un vistazo a la misma para hallarla saturada de urgencias de perfil particular y para constatar cómo éstas proyectan sine die demasiados asuntos que requerirían una mayor atención. En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, el foco estaba ineludiblemente centrado en la declaración del fiscal general del Estado en el juicio por presuntas filtraciones que se sigue contra él.
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El asunto es urgente para la estabilidad del Ejecutivo no solo por su propia responsabilidad, sino por la dinámica de obstrucción para la que se está utilizando. El hecho contamina todo el proceso político que debería redundar en una mejora de la eficiencia, independencia y estabilidad del Poder Judicial. Igualmente, la importancia de calado que supone para la ciudadanía la gestión de su salud resulta sometida a una urgencia diferente por parte de los responsables autonómicos de sanidad del PP. El caso de los cribados erróneos, o no realizados, arroja una sombra sobre la eficacia de la gestión y debería provocar una reacción inmediata que restaure la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, la urgencia elegida por quienes deberían rendir cuentas ha sido la de preservar en lo posible la estrategia de oposición al Gobierno en lugar de la colaboración para el esclarecimiento del asunto.
No se concibe que los servidores públicos oculten los datos que deben a sus administrados. Lejos de ser coyuntural, esta dinámica se prolonga entre legislaturas con independencia del responsable gestor. Lo recordaba ayer el presidente de la Ejecutiva del PNV, Aitor Esteban, cuando reclamaba que deje de bloquearse la reforma de la ley de secretos oficiales, cuya configuración actual es un obstáculo para el proceso de verdad, justicia y reparación que asiste a las víctimas de violencia. Las urgencias de los gobiernos del Estado han estado más orientadas e impedir su esclarecimiento. Y también Bildu o Podemos han operado en contra de reformas –ley de secretos y ley mordaza– que habrían beneficiado a los derechos y libertades pero en las que no pudieron incorporar aspectos de su propio interés, no necesariamente relacionados con la letra de la norma.