Buscan su refugio allí donde hay un techo. Pero sin un lugar donde ducharse, pasar la noche sin frío, lavar la ropa o comer caliente es difícil llevar una vida digna. La situación en Jaso y Aranzadi se ha ido deteriorando hasta un extremo que seguramente nadie esperaba. Lo reconocen las personas voluntarias que colabora con estos chavales de origen magrebí. Estiman unas 200 personas que duermen en calle. El Ayuntamiento habla de 90 entre Aranzadi y Jaso.
El problema es complejo y el tiempo juega en contra de su reinserción. La falta de alternativas ha hecho que algunos de estos chavales sin techo se droguen para pasar la noche a bajas temperaturas, delinquen, se creen mafias o se vean obligados a convivir perfiles “muy diferentes”. Pastillas, alcohol y peleas están a la orden del día, admiten los colectivos. También sufren problemas de salud mental. El tránsito de Etxabakoitz a Aranzadi asusta a muchos de ellos que viven “atemorizados”. Un círculo vicioso del que es difícil salir. El Consistorio reconoce que pese al crecimiento de los fondos para sinhogarismo no hay una alternativa habitacional para tantas personas. Alega que tiene sus recursos sociales saturados y no es capaz de atender a todas estas personas que viven en espacios como Aranzadi.
Prevé levantar un hospital de neurorrehabilitación y una residencia de mayores, obras que supondrán el desalojo de estas personas. Lo mismo ocurrirá cuando derriben el edificio de la vieja ikastola que sufre retrasos por ser un edificio privado ocupado y judicializado. ¿A donde va a ir toda esta gente? No se sabe. Los colectivos cuestionan que este invierno no se haya abierto el albergue de las Damas Apostólicas. Y, en el caso de Jaso, demandaron sin éxito al Ayuntamiento su transformación en una residencia juvenil. Alegan que ya llevan meses en calle y que “no se van a marchar”. Y denuncian que desde hace seis meses se ha cortado la vía de empadronamiento de oficio desde el Ayuntamiento. Antes, se empadronaba a inmigrantes irregulares en las unidades de barrio. Y sin padrón, no hay derecho a sanidad y educación, empleo o una renta básica que les permita “alquilar una habitación”. A su vez, el Defensor del Pueblo de Navarra ha instado a los ayuntamientos (especialmente a Pamplona) a eliminar trabas administrativas.
Iruña no es la única ciudad con veto al padrón social para chavales que proceden de Marruecos y Argelia en su mayoría. Una primera tanda que llegó a la ciudad hace cinco años fue escalando en su integración hasta obtener permisos de trabajo. Primero “lograron el arraigo por estudios y, luego, el sociolaboral”, exponen desde las ONGs. Los que llevan seis meses, uno o dos años, viven otra realidad mucho más dura. Desde las entidades defienden darles un futuro. Con la colaboración de los servicios sociales y oportunidades, dicen, salen adelante.
Navarra goza de calidad de vida y ése es el gran “efecto llamada”. El concejal del área por su parte destacaba ayer que la llegada “continua” de migrantes en situación irregular debería afrontarse “de forma conjunta a nivel nacional”. Un asunto complejo en todo caso para una ciudad y una comunidad pequeña como la nuestra, y que nos obliga a reflexionar y a buscar soluciones entre todas y todos.
