La antigua ikastola Jaso, vacía desde hace años, se ha convertido en foco de preocupación por los graves problemas de seguridad y salubridad que provoca en su entorno. El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "debería ser Gobierno de Navarra" el que asuma la tramitación del derribo de este edificio -si bien esta cuestión se encuentra paralizada hasta que no se resuelva judicialmente la petición de desalojo- y "tenemos la confianza o la esperanza, a caballo entre una y otra, en que lo haga en 2026".
Según ha indicado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, "es una edificación que no tiene uso desde hace muchos años, que está dentro del PSIS de Etxabakoitz, del Tren de Alta Velocidad, y declarado como un edificio fuera de ordenación, y que es un edificio privado".
"Quien tiene la titularidad del edificio -la ikastola Jaso- nos solicitó al Ayuntamiento interceder ante el Consorcio del Tren de Alta Velocidad para que se pueda proceder a mayor brevedad a su derribo, eso ya está hecho. Hay una buena receptividad por parte del Consorcio, se ha dado el visto bueno, se están haciendo los análisis jurídicos pertinentes para dar cobertura a esas actuaciones, que se tienen que hacer mediante convenios", ha relatado.
En este sentido, ha afirmado que "nos parece muy bien" que el Gobierno "no solamente trabaje sobre ese derribo, sino por el conjunto de edificios fuera de ordenación que no estén habitados a día de hoy y por lo tanto están generando también dificultades tanto de seguridad como de salubridad en el entorno". "Y mientras no prospera el PSIS nos parece muy bien que se vaya realizando todo eso", ha señalado.
Ha añadido Abaurrea que "en nuestra opinión, debería ser el Gobierno de Navarra" quien tramite el derribo, "ya que el Consorcio está adscrito a la Administración foral". "Tenemos la confianza o la esperanza, a caballo entre una y otra, en que lo haga en 2026", ha dicho.
Actuaciones en el interior del edificio
Por otro lado, ha subrayado que "hay otro factor que nos preocupa mucho que se genera en esta y en otras situaciones, en las que, con razón, hay vecindario que nos interpela para que tomemos otras actuaciones", en este caso en el interior del edificio. Sin embargo, esto "no está en manos del propio Ayuntamiento, ni siquiera de la entidad privada titular, que nos permitiría el acceso", ya que "eso nos está vedado, está prohibido porque está en manos de los juzgados".
Abaurrea hacía así referencia a la petición de desalojo realizada hace unos meses por la propietaria del edificio, cuestión que está en el juzgado y que por el momento no se ha resuelto. "Tenemos un punto de preocupación, en este caso y en otros, porque pasa mucho tiempo, demasiado tiempo, la ciudadanía no entiende muy bien, termina creyendo que es que el Ayuntamiento no tiene voluntad de atajar o de intervenir en este tipo de situaciones", ha subrayado.
En este sentido, ha añadido que, "con todo el respeto a la judicatura, nos parece muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones, donde se pueden generar riesgos importantes para las personas". "Yo creo que es un buen momento para lanzar ese mensaje y para que se puedan acelerar este tipo de procesos, que permitan que tanto el ayuntamiento como la entidad privada titular podamos desarrollar actuaciones. Hablamos del derribo, pero podrían ser otro tipo de actuaciones también de la perspectiva de los servicios sociales para dar solución a esta y otras que nos estamos encontrando también en el resto de la ciudad", ha concluido.
