La Comisión Europea ha decidido aliviar las exigencias al sector del automóvil y flexibilizar los criterios de emisiones que debían conducir, a partir de 2035, al veto a la venta de vehículos de combustión. La medida, adoptada a una década vista de su entrada en vigor, introduce la posibilidad de compensar hasta un 10% del CO₂ emitido por las nuevas flotas mediante reducciones previas a lo largo de la cadena de valor. No es un giro menor y conviene analizarlo sin simplificaciones ni dogmatismos. Detrás de esta decisión se encuentra la presión de varios estados miembros, con Alemania y su potente industria automovilística a la cabeza.
En Euskal Herria, donde el sector del automóvil y su cadena de proveedores tienen un carácter estratégico en términos de empleo, innovación y tejido productivo, el cambio no es ajeno ni irrelevante. Sería ingenuo ignorar las dificultades objetivas a las que se enfrenta el sector. La fijación de 2035 como fecha límite se hizo, en buena medida, sin calibrar adecuadamente las capacidades reales de la industria europea para absorber una transición tan rápida: disponibilidad de materias primas, desarrollo tecnológico suficiente, infraestructuras de recarga y, sobre todo, el impacto social y laboral del cambio. Corregir ese error no debería interpretarse como una claudicación, sino como un ejercicio de realismo. Ahora bien, tan equivocado sería persistir en metas inalcanzables como dar marcha atrás en los objetivos ambientales y climáticos. El Pacto Verde Europeo no es un capricho ideológico, sino una respuesta necesaria a una emergencia climática que no admite dilaciones estratégicas.
Europa no puede permitirse renunciar al horizonte de cero emisiones ni transmitir la señal de que el esfuerzo realizado hasta ahora queda en entredicho. Muchas marcas y proveedores han invertido de forma sustancial para reconvertir la movilidad hacia lo eléctrico. Poner en cuestión ese camino sería tan dañino como imponer plazos contraproducentes en sentido contrario. El objetivo último debe consistir en avanzar hacia unas emisiones neutras y una movilidad que no agrave el problema climático. Para ello, además de ajustar los ritmos de la transición, es imprescindible favorecer la renovación del parque móvil. La decisión de Bruselas no debería leerse como un abandono del rumbo. Europa necesita una transición ecológica ambiciosa, pero industrialmente viable.