EL enésimo pulso ideológico entre los socios del Gobierno español –PSOE y Sumar– lo motiva la confrontación de dos formas de mirar el laberinto del alquiler y el derecho a la vivienda. Una fija el foco casi en exclusiva en los propietarios, especialmente en los grandes tenedores, haciendo tabla rasa de sus características y responsabilizándolos de un mercado desbocado. La otra asume que sin propietarios no hay parque de alquiler y apuesta por blindar al inquilino y a la vez seducir fiscalmente a quien pone su piso en el mercado. Ambas parten de un diagnóstico real –los salarios no alcanzan a las rentas, el acceso a la vivienda se ha convertido en trinchera social–, pero sus recetas apuntan a modelos sociales diferentes.

El modelo más intervencionista se articula sobre tres ideas: topar precios, alargar forzosamente contratos y cargar nuevos costes sobre los “rentistas”. Parte de una intuición poderosa: la vivienda es un derecho, no una mercancía más, y el Estado debe frenar los abusos del capital inmobiliario. Pero cuando esa pulsión se deja arrastrar por la ideología de clase y borra las diferencias entre un fondo buitre y una familia que alquila el piso heredado, el riesgo es doble. Por un lado, el de una intervención jurídicamente discutible sobre la propiedad privada, con inseguridad normativa y una lluvia de recursos.

Por otro, el efecto perverso de retraer oferta: menos pisos en alquiler, más presión sobre los precios y más economía sumergida. Ambos riesgos derivan en la esclerosis del mercado de alquiler. Frente a esa vía, cabe reforzar al inquilino y modular el comportamiento del casero a golpe de incentivos. Deducciones fiscales condicionadas a no subir la renta, bonificaciones si se alquila por debajo de ciertos umbrales, garantías públicas de cobro o de rehabilitación…

Es el camino de la “seducción regulada”, que están aplicando, sin ir más lejos, los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea, que buscan que la rentabilidad sea compatible con la función social de la vivienda sin caer en regalos indiscriminados a quienes menos lo necesitan ni socializar riesgos privatizando beneficios. El debate no está en castigar o premiar a los propietarios, sino en domesticar o no un mercado que por sí solo es ineficiente y genera exclusión social. Ni fe ciega en el mercado ni una épica de bandos que solo será un problema añadido.