LA enconada resistencia del sector agropecuario europeo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur no es ajena a nuestro entorno local y ha abierto un nuevo frente al proyecto europeo. Bruselas reivindica el tratado como una oportunidad estratégica para anclar una gran área de libre comercio frente a la fragmentación geopolítica, pero en demasiadas granjas y baserris el acuerdo genera miedo, sensación de abandono y agravio comparativo.
Miles de agricultores lo han expresado con crudeza en las calles de Bruselas, pero también en las carreteras de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra. No cabe negar las virtudes de un espacio económico que suma cientos de millones de consumidores, ni caer en tentaciones proteccionistas que no garantizan por sí mismas el futuro del campo europeo.
Pero sí exigir un equilibrio entre abrir mercados y mantener una base productiva propia en bienes agrarios y ganaderos fundamentales y que pueden quedar especialmente expuestos a importaciones crecientes desde gigantes productores como Brasil o Argentina. Convertir a la Unión en un coloso de servicios que externaliza su despensa implicaría una mayor vulnerabilidad y una dependencia añadida en un mundo cada vez más inestable.La deslocalización industrial de hace un par de décadas ha generado dependencias hoy.
El consumidor tiene derecho a las máximas garantías de calidad, salud y respeto ambiental, del mismo modo que necesita acceso a productos para los que el sector europeo no es autosuficiente. Pero esas exigencias no pueden colocar a los productores europeos en una desventaja competitiva estructural. No es razonable pedir que se asuman costes adicionales en bienestar animal, pesticidas o trazabilidad, si se abren las puertas a mercancías producidas bajo estándares más laxos que, también por ello, resultan más baratas.
Aquí aflora un grave efecto secundario: el riesgo de perder coherencia de la actuación reguladora de la Comisión cuando su rigor intramuros se acompaña de indulgencia fuera. Ya está siendo gasolina para un populismo que no necesita demasiadas excusas para debilitar el apoyo social al proyecto europeo. Frenar esa deriva empieza por conservar un sector productivo viable, imprescindible para la Europa verde, segura y socialmente cohesionada.
