Dos años y medio de legislatura han permitido que el Gobierno de Navarra haya sacado adelante algunos de sus objetivos en materia de vivienda. Se ha creado el registro de contratos de alquiler, se han establecido las zonas de mercado tensionado, se han limitado los precios en los nuevos arrendamientos, se ha topado su revalorización, se ha incrementado la bolsa de alquiler público y se ha reforzado la inspección de vivienda para que los propietarios no se escapen por las gateras que deja la ley.
Todo está muy bien, porque busca extraer a la vivienda de la pura lógica financiera e inversionista. Y hay señales además de que las medidas funcionan, con una cierta contención de precios, si bien se aprecian asimismo sus efectos secundarios, como un desplazamiento de la oferta a los alquileres de temporada.
Ahora viene, sin embargo, lo más difícil: construir y aumentar el número de pisos disponibles. Y hacerlo con rapidez y a un precio asequible para el ciudadano.
Algo imposible si, por pura e incomprensible lentitud administrativa, los grandes planeamientos como Donapea, Sarriguren o Etxabakoitz tardan décadas en desarrollarse. Y más difícil aún si, pese a las declaraciones floridas, la vivienda sigue siendo la hermana pobre de los presupuestos de Navarra.
