El pleno de control celebrado este miércoles en el Congreso estuvo cargado de malos presagios, con el Gobierno de Pedro Sánchezy los partidos más pendientes del relato que de una respuesta eficaz a la crisis económica derivada de la guerra en el Golfo Pérsico. Sánchez defendió su “plan de respuesta integral” frente a la subida de los combustibles y la electricidad, pero el tono del debate con la oposición sonó por ambas partes demasiado a precampaña y demasiado poco a política de Estado en un momento que la requiere.
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El decreto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes no debe ser una proclama unilateral destinada a marcar distancias con la oposición, sino una propuesta suficientemente trabajada para aportarle visos de obtener un respaldo suficiente. Se está produciendo un encarecimiento abrupto de la energía, una inflación presionada al alza y una incertidumbre que ya condiciona decisiones de inversión y consumo. En ese contexto, el lujo de convertir las medidas económicas en puro pulso partidista simplemente no existe.
Si el Gobierno quiere que sus decisiones no decaigan a la primera votación, la primera medida imprescindible es el consenso. No basta con anunciar ayudas, bonificaciones o cambios fiscales: hay que construir una mayoría parlamentaria real que las apruebe, las dote de estabilidad y las haga creíbles para los agentes económicos. Eso conllevará negociar de verdad, ceder, incorporar matices y compartir el rédito político de las decisiones, por encima de la pelea cotidiana. Existe una exigencia de responsabilidad que alcanza a todos los partidos para anteponer la estabilidad de la actividad económica y de la vida de las personas a sus estrategias.
Sánchez apuesta por reforzar las renovables en el decreto de Irán
No es el momento de sustituir el diagnóstico por ideología ni de competir por quién coloca más propuestas en el escaparate, sino de concentrarse en aquello que actúa directamente sobre el foco inmediato del problema: precios de la energía, transporte, sectores intensivos en energía, industria exportadora y vulnerabilidad de la ciudadanía. Introducir agendas particulares es lícito, pero no distraer recursos, diluir prioridades y demorar las soluciones. Los políticos deben elegir entre seguir librando una guerra de titulares o garantizar que esta nueva sacudida geopolítica no se lleve por delante la confianza de empresas y ciudadanía.