El Gobierno de Sánchez ha aprobado el decreto que abre la puerta a una nueva regularización extraordinaria de inmigrantes que permitirá conceder permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas –alrededor de 10.000 en Navarra–, que ya viven en el Estado español. Es la séptima regularización en cuatro décadas con gobiernos de PSOE y PP. El texto endurece los criterios en el ámbito de la necesidad de ausencia de antecedentes penales y tiene deficiencias en los plazos para presentar las solicitudes, que termina el 30 de junio.

La iniciativa cuenta de partida ya con la oposición frontal del PP y de Vox. De nuevo regresan en toda su crudeza los discursos de odio con la inmigración como objetivo estrella de sus diatribas para aumentar el ensordecedor ruido de la crispación para tratar de dominar la agenda pública. Dirigir la movilización política desde las emociones necesita mantras simples, pero que son efectivos en el imaginario colectivo como el creciente rechazo a las políticas migratorias de asilo y acogida.

Un caldo de cultivo al que es evidente que las políticas oficiales democráticas no están sabiendo responder con eficacia desde las viejas formas de gestión de una migración que crece en los últimos años y supera ya el 20% de la población navarra. No basta solo con responder sistemáticamente a los discursos racistas y excluyentes, hay que actuar con total transparencia y máxima eficacia.

La situación de la inmigración en Navarra, al margen de las estadísticas crecientes que vinculan a personas migrantes, sobre todo jóvenes magrebíes, y delitos, pintan un escenario positivo en el que se ratifica que la economía y el acceso al mercado laboral están siendo una vía eficaz de integración. El hecho de que parte de los empleos creados en los últimos años los estén desempeñando migrantes, demuestra que la sociedad navarra necesitaba mano de obra extranjera.

Su aportación es uno de los motores que mueve la economía; sin ellos la economía local difícilmente habría podido progresar a los niveles actuales en sectores como servicios, atención a los mayores, agricultura u hostelería. Decisivo por tanto es tratar de poner fin a la mano de obra sumergida a través de los procesos de regularización para convertir a los inmigrantes en trabajadores de pleno derecho.

De esta forma, contribuyen al igual que el resto con sus declaraciones fiscales y sus contribuciones a la Seguridad Social. Pero también a través de inspecciones de trabajo eficaces que sancionen a los empresarios sin escrúpulos que explotan a los extranjeros que carecen de papeles. Garantizar el acceso al trabajo es la mejor vía de integración porque tener trabajo es sinónimo de estabilidad económica. Las personas migrantes tienen derechos, pero estos conllevan inevitablemente también obligaciones. Y de eso trata también su regularización.