La vivienda, siempre un negocio. Antaño, Pamplona era ciudad de comerciantes y constructores. Sagas familiares en ambos casos. Ahora, apenas quedan comerciantes locales y la estructura societaria de los promotores/constructores ha cambiado. La dificultad para el acceso a la vivienda, en propiedad o en alquiler, se ha endurecido. Mucho. Las urgencias legislativas actuales y sus correspondientes cacareos políticos no van a calmar a corto plazo una situación grave enquistada. Uno de los mayores errores ha consistido en la moratoria programada (variable según épocas) para el acceso al mercado libre de viviendas acogidas a la protección oficial. También se hacen excepciones en la obligatoria reserva de un porcentaje destinado a vivienda de protección en urbanizaciones libres, como Salesianos. Los gobiernos han permitido -e incluso favorecido- que lo público revierta en negocio privado, en lugar de garantizar el constitucional “derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada”.
Relacionadas
La recuperación de 507 viviendas que han perdido la calificación de protección oficial y pertenecen a un fondo de inversión exigiría al Gobierno una inversión de entre 50 y 100 millones de euros. Alimentar al buitre, que esperó al acecho las consecuencias de una normativa condescendiente con el apetito capitalista. Se han ejecutado 8 millones en políticas de tanteo y retracto y se han prorrogado ayudas y calificaciones protegidas en más de 200 viviendas. Así andamos. El Departamento de Vivienda dispone de un registro obligatorio. Afecta a los titulares de más de diez viviendas de uso residencial (5 en zonas tensionadas). Más de 120 empresas apuntadas, suman 5.370 viviendas.
Existen cerca de 35.000 personas que, al margen de otros ingresos, pueden ser consideradas rentistas a título principal. Por grupos de renta, declaran alquileres un 10% (menos de 24.000 euros), un 26% (de 45 a 90.000) y un 50% (tramos más elevados). El que puede hacer negocio, lo hace.