Comprendo perfectamente la congoja de los responsables del Concejo de Igúzquiza, población de unos 320 habitantes, que el otro día estuvieron en el Parlamento de Navarra explicando la problemática de sus piscinas, que corren el grave riesgo de seguir cerradas si no obtienen un compromiso de financiación por parte del Gobierno de Navarra que les ayude a comprometerse con las obras que conduzcan a contar con el visto bueno de Salud Pública para su apertura.
Al final, todos somos perfectamente conscientes de que en muchas localidades –creo que Bera está en parecida situación y otras muchas van a poder abrir in extremis al contar con proyectos de mejora reclamados por la administración– la piscina es medio verano, sino el verano entero. Si no tienes un río o algo similar, la importancia de contar con un espacio público donde aliviar el calor y socializar en los meses de verano es muy alta y así el aviso de cierre que bastantes de ellas han salvado en las últimas semanas ha supuesto un gran alivio para muchos ciudadanos. Y no te digo nada tras ver la canícula que estamos pasando.
En el caso concreto de Igúzquiza, estamos ante la imposibilidad económica del concejo de hacer frente a una inversión de 400.000 euros cuando su presupuesto anual es de 100.000. Una problemática que supongo que se dará en muchos lugares, donde las subvenciones del Gobierno de Navarra habrían sido determinantes para la construcción de muchas piscinas.
Ahora, como era de prever, algunas de esas ubicaciones no pueden hacer frente en solitario a las reformas requeridas para cumplir con la seguridad y sanidad demandadas. Y pienso que, sin dudarlo, el Gobierno de Navarra tiene que ser empático con estas situaciones y comprender que, efectivamente, asentar población, trabajar por la diversidad geográfica y por el equilibrio territorial también pasa por arrimar el hombro en estas circunstancias.
