La especulación inmobiliaria se remonta al día en el que a alguien se le ocurrió lindar un terreno, por el que obviamente no había pagado nada, y decidió que era suyo. Existen antecedentes más o menos documentados de que esto ya se hacía en la Antigua Roma, si bien fue a principios del siglo XVII cuando esta práctica cobró impulso en España. Fue como consecuencia de la mudanza temporal de la Corte Real de Madrid a Valladolid, que provocó una subida drástica de precios en esta última ciudad.

Esto fue aprovechado por políticos y nobles para comprar propiedades en Madrid que luego revendieron a precios inflados una vez la corte retornó a la actual capital, seguramente teniendo información privilegiada. Desde entonces, la especulación inmobiliaria se ha ido perfeccionando hasta el punto de que no existe un negocio más lucrativo sin necesidad de producir nada. Y como la ambición de algunos rentistas no tiene límite –especialmente si los inmuebles caen en manos de fondos buitre–, ha sido realmente importante que las fuerzas progresistas del Parlamento de Navarra (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante esta semana una ley que impide que las viviendas de protección oficial mantengan esta calificación de forma indefinida.

Hasta ahora, este tipo de construcciones, levantadas con ayudas públicas, podían pasar al mercado libre transcurridos 21 años, lo que significaba disparar su precio y generalmente dejar a mucha gente literalmente en la calle. Esto ya no podrá suceder con las 2.248 viviendas que iban a perder su protección en los próximos años. Algo, que sin embargo, no es del agrado de la derecha  (UPN y PP votaron en contra), que trató de justificar su rechazo en la inseguridad jurídica de la ley. En fin.