Pero sin el pueblo, una y otra vez. Mucho se habla de la participación, pero a la hora de la verdad parece que nuestros gobernantes no se fían de lo que pueda venir de la calle y prefieren amarrar en corto la gestión de todo.
Ejemplos los tenemos a montones. Aquí en Pamplona el Ayuntamiento ha ido poniendo cada vez más cortapisas a las asociaciones vecinales que durante décadas han ofrecido servicios de acción preventiva comunitaria trabajando con niños, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. En 2021 puso en marcha un nuevo programa llamado COworkids, que acababa de un plumazo con la actividad de décadas de muchos voluntarios. Ocho asociaciones solicitaron la suspensión del programa, pero, además de no darles la razón, ahora les castigan económicamente. Es el caso de Umetxea Sanduzelai, que ha sido condenada por el TSJN a pagar 4.050 euros en concepto de costas tras el contencioso abierto con el Ayuntamiento. Estos días también hemos sabido que el consistorio ha comunicado a la asociación San Juan Xar Txiki que deben desalojar el local que ocupan des de hace años, porque no piensan seguir asumiendo el alquiler de unos 6.000 euros anuales.
Más ejemplos: hasta ahora era el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK) integrado por profesionales del campo y la ganadería, quien realizaba el trabajo de estructuración del sector y el fomento de la agricultura ecológica. Pues bien, el 9 de marzo se publicó el nuevo decreto foral por el que es ahora el Gobierno quien asume esa labor, dejando de lado al Consejo. Está claro que lo de la participación no lo entendemos todos de la misma manera.
