Sobre el reportaje 'FASA, un caso todavía sin cerrar'

1. Me ausenté de la sesión de la Diputación Foral en la que se trató, a propuesta del diputado de Industria (don Jesús Bueno Asín), la concesión de una ayuda a FASA, después de informar a la corporación que lo hacía por haber sido anteriormente consejero, secretario del Consejo y accionista de la sociedad.

2. Lo mismo hice en la sesión de la Caja de Navarra que acordó la concesión de dos créditos por un total de 81 millones de pesetas que la Diputación pagó por error a FASA, pues sólo debió haber satisfecho 19 millones de pesetas ya que el resto era para cancelar créditos vencidos.

3. Por tanto, cumplí estrictamente la ley al no participar ni en la deliberación ni en la votación de los acuerdos adoptados, en cuya gestación tampoco tuve ninguna participación.

4. Se me acusó de malversación de fondos públicos y de haber falsificado el acta de la Caja de Ahorros para obligar a FASA a cancelarlos créditos pendientes, entre ellos, el avalado solidariamente por mí. Cuando tal acusación se vino abajo se sustituyó por la de que había "ocultado" mi condición de avalista.

Debo aclarar que mi participación en el capital social era del 0,3 por ciento (que me fue entregado como única contraprestación a mis servicios profesionales como abogado) y que los consejeros avalistas respondíamos, según un acuerdo por el Consejo, en proporción a nuestra participación en el capital social. Quiere esto decir que mi responsabilidad real, en caso de ejecución, hubiera sido de 120.000 pesetas. Pero al haber vendido mis acciones (al precio de una peseta) a Ignacio Irazoqui, consejero delegado de FASA, mi responsabilidad real se había extinguido.

5. A la vista de estas circunstancias puede entenderse que no hiciera alusión a mi condición de avalista, una condición que no podía "ocultar" en modo alguno ya que figuraba en los expedientes tanto de la Diputación como de la Caja.

6. La crisis de FASA se produjo no sólo porque la fundición se había quedado obsoleta sino sobre todo porque sus productos -bañeras y cacerolas de hierro- no podían competir con los de cerámica, aluminio o acero inoxidable que ya habían inundado el mercado. A pesar de todo, el Consejo trató de hacer frente a la crisis de la empresa con importantes aportaciones de capital y la concertación de nuevos créditos. Pero los esfuerzos fracasaron y la empresa se vio obligada a presetar suspensión de pagos, que condujo a su cierre definitivo.

7. La última palabra sobre FASA la tuvo a finales de 1984 el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pamplona, donde hay un pronunciamiento que pone de manifiesto que el perjuicio sufrido para la Hacienda Foral se produjo porque los diputados que adoptaron el acuerdo de ayudar a la empresa sin exigir la prestación de las garantías que hubieran permitido la devolución de aquélla. El Gobierno de Gabriel Urralburu con base en tal pronunciamiento podía haber exigido responsabilidades patrimoniales a los autores del acuerdo, pero no consideró oportuno hacerlo.