La coordinadora Lau Haizetara Gogoan, que agrupa a gran parte de los colectivos memorialistas de Euskal Herria, se posiciona ante el informe de la comisión de expertos creada por el Gobierno del PSOE para determinar el futuro del valle de los Caídos. Esta coordinadora considera inadmisibles las recomendaciones de este informe y los planteamientos que las sustentan, así como el momento político en el que se dan a conocer. (...) Han pasado 75 años desde el alzamiento militar del 18 de julio, 36 desde la muerte de Franco y más de tres décadas desde que se empezó a proclamar a los cuatro vientos que vivimos en un Estado democrático y "de derecho". Han pasado ya 4 años desde que se aprobó la ley conocida como Ley de Memoria Histórica, una ley que los movimientos memorialistas juzgamos como insuficiente e insatisfactoria para las víctimas del franquismo, una ley que, a día de hoy, no ha cumplido sus limitados objetivos.
Es inadmisible que, en un estado que se dice democrático y aconfesional, se plantee la necesidad de pedir la autorización de la Iglesia católica para trasladar los restos de un criminal genocida como Francisco Franco, cuando la misma presencia de la Iglesia en el valle de los Caídos es consecuencia directa del apoyo que la misma prestó al régimen franquista (autodenominado nacionalcatólico) y de la especial situación de privilegio que la dictadura otorgó a esta confesión religiosa.
Es inadmisible que los restos de miles de luchadores antifascistas (más de un millar procedentes de Euskal Herria) que fueron trasladados al valle de los Caídos sin el consentimiento, e incluso sin el conocimiento de sus familiares, permanezcan en ese lugar.
Tampoco podemos aceptar que, con los métodos científicos disponibles en 2011 para la identificación de restos humanos, se hable de la imposibilidad de conocer las identidades de las personas enterradas en el valle de los Caídos. (...)
Es inadmisible que se plantee el futuro del valle de los Caídos desde la equidistancia y el reconocimiento a las víctimas de los dos bandos de la guerra civil, cuando los únicos responsables del enfrentamiento armado y de la subsiguiente represión fueron los militares sublevados el 18 de julio de 1936. (...) Es inadmisible que todo esto se plantee en un momento en el que el Gobierno que impulsó la Ley de Memoria Histórica se encuentra actualmente en funciones, y cuando el próximo Gobierno que vaya a formarse en el Estado estará constituido, en gran parte, por los herederos políticos directos del franquismo, que son quienes ya han manifestado su clara voluntad de frenar cualquier política orientada a reconocer los derechos a las víctimas del alzamiento militar de 1936, la dictadura franquista y el terrorismo de Estado.
Osasuna, askatasuna, Euskal Errepublika.
