Leo con estupor y preocupación la batería de medidas que el Gobierno de Navarra quiere aprobar para, en su opinión, hacer frente a la crisis económica. Dejaré que sean los sindicatos los que le critiquen por esas medidas a las que el señor Jiménez califica de meditadas, necesarias, razonables y abiertas a la negociación, y tampoco quiero debatir acerca de si los mismos políticos que nos han metido en la crisis serán capaces de sacarnos de ella. No, voy a hablar de bibliotecas, que de eso sí sé.

Las bibliotecas públicas en general, y las que forman parte de la Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno de Navarra en particular, llevan tiempo sufriendo todo tipo de recortes a nivel económico (reducción de partidas para compra de novedades, desaparición de ayudas para la animación a la lectura, presunto ahorro en el uso de la calefacción...) y de personal (sobre todo bajas que no se cubren, incluso de larga duración, lo que conlleva el cierre temporal de algunas instalaciones o la sobrecarga de trabajo a las personas que siguen trabajando), por lo que una nueva reducción de las sustituciones de ausencias y bajas del personal fijo y la no sustitución de determinadas jubilaciones, solo puede hacer que el servicio que se presta a los navarros desde las bibliotecas públicas, que ahora mismo es de aprobado raspado por los mencionados recortes, baje a niveles de deficiente con rasgos de muy deficiente, pese al innegable esfuerzo y profesionalidad del personal.

Las personas que proponen estas medidas niegan la mayor al no considerar a la biblioteca pública como una institución educativa tan importante como los centros escolares, por las posibilidades de formación que se proporcionan a personas de todo tipo de edad, sexo y condición (algo que la Unesco o el Parlamento Europeo han recalcado en numerosas ocasiones). Es este un argumento tan básico que degradar el servicio que proporcionan las bibliotecas públicas es igual de grave que si se hiciera en Educación o en Salud, algo que el Gobierno de Navarra recalca que no quiere hacer.

Se puede decir más alto, pero no más claro: una biblioteca pública que proporcione servicios de calidad es socialmente rentable por todos los beneficios que proporciona no solo a sus usuarios, sino a la sociedad en general. Cualquier medida que degrade esos servicios (reducción de presupuestos, de personal, etcétera) es, en mi opinión, antidemocrática y antisocial.