Recortes insolidarios

Van conociéndose cada vez más detalles preocupantes sobre la nueva obligación decretada por el Gobierno de España de que los pensionistas paguen una décima parte de los fármacos que necesiten, con unos topes de 8 y 18 euros en función de su nivel de renta. A la que ahora se ha añadido que esos límites no serán reales en la práctica, dado que el que los exceda (cosa no muy difícil dado el precio de los mismos), deberá pagarlos en primera instancia, a la espera de que sean devueltos por el Estado en un plazo de seis meses. Lo que en la práctica supone una detracción de recursos a unos pensionistas que en un 56% de los casos no llegan siquiera a cobrar el salario mínimo, por lo que pagar un 10% del precio de su ingente necesidad de medicamentos, necesaria por otra parte para mantenerse sanos, resulta poco apropiada.

Con lo que este nuevo procedimiento no hará sino aumentar el volumen de transacciones económicas y burocráticas, a la espera de saber si estas gestiones serán de ámbito nacional o autonómico. En lo que se añade la sombra de porqué un boticario debería conocer el nivel de ingresos de sus clientes cuando eso no pasa en ningún otro país de la UE.