Cuando estábamos sometidos a la vorágine postelectoral y en pleno debate sobre la posibilidad de constituir un nuevo gobierno de Navarra, el pasado día 19 nos vimos sorprendidos con la publicación en la prensa local de la concesión de una subvención -al parecer directa, como en los viejos tiempos del Régimen- por importe de 400.000 euros a la CEN, UGT y CCOO para recuperar la figura del Delegado Territorial de Prevención (DTP).

De esta forma, el vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha decidido despedirse cediendo a las presiones que desde el primer día del gobierno del cambio organizaron esas organizaciones sindicales y la patronal navarra para recuperar la financiación de supuestas actividades preventivas en las empresas que el resto de sindicatos hacían desinteresadamente. Se vuelve así a apoyar los intereses de aparato de unas organizaciones sindicales que han apostado por la burocratización clientelar a costa de los impuestos de todas y todos.

Dicen que van a visitar 120 empresas, y que para ello van a contar con 18 técnicos. Primero lo harán los representantes de la patronal y en aquellas empresas que lo permitan tras haber sido acicaladas podrá acudir el personal técnico de CCOO o el de UGT. En otros países los delegados territoriales de prevención hacen sindicalismo. Aquí piden permiso antes de entrar no para actuar de técnicos. Incapaces UGT y CCOO de arrancar cualquier concesión en términos de derechos, logran así lavar la imagen de la preocupada patronal por la salud de las y los trabajadores. Nos cuesta 400.00 euros, se dice pronto, para que la patronal compre el silencio sindical a costa del dinero de todas y todos los contribuyentes llevándose además un tercio de esa cantidad. Negocio redondo para la patronal.

Diremos que frente a esa fantasmal figura del DTP que podía entrar solamente en las empresas en las que sus dueños se lo permitieran, y acompañado del correlativo delgado territorial de los empresarios, el actual Gobierno en funciones ha estudiado la recuperación de esa figura pero con competencias y derechos, para que pudiera entrar a cualquier empresa, acceder a documentación y reunirse con la plantilla. La falta de competencia laborales de Navarra no ha permitido conseguir esa figura que esperamos pronto ver entre las reivindicaciones de las organizaciones sindicales estatales.

Resulta ilustrativo que estas organizaciones hayan achacado la negativa evolución de los accidentes de trabajo en Navarra a la disminución de sus fuentes de financiación cuando las tendencias de los accidentes de trabajo son similares en todo el Estado, en toda la serie temporal desde el año 2000, independientemente del dinero que recibían los agentes sociales navarros. Pese a sus alarmismos de salón, los datos de accidentabilidad laboral muestran estar a gran distancia por debajo de los existentes antes de la crisis, cuando estas organizaciones recibían, millón y medio de euros anuales de los gobiernos UPN/PSN. Ese ha sido su único objetivo recuperar una subvención nominativa que recibían anualmente desde hace casi veinte años para financiar el DTP. Es curioso que no asignen el cambio climático a la ausencia de sus actividades medioambientales financiadas en el mismo paquete. Durante estos cuatro últimos años de gobierno del cambio no es que hayan dejado de recibir centenares de miles de euros de la Fundación Estatal de Prevención, pero al parecer los euros españoles son de menor eficacia preventiva que los euros navarros.

No llegamos a comprender que en estos momentos el consejero Ayerdi pague, o anticipe, la paz social que en cualquier caso disfrutará el futuro Gobierno que quieren construir con el PSN. Resulta patético que el esfuerzo de desprestigio llevado estos cuatro años contra el gobierno del cambio culmine con una rueda de prensa de CCOO y UGT citando lo negativo de las reformas laborales codo con codo con la patronal que exige el mantenimiento de dichas reformas, la patronal que se beneficia del deterioro del empleo. Roza el cinismo ver a las organizaciones hablar de accidentes de trabajo sin mentar el actual incremento de las cargas de trabajo, las horas extras, el aumento del uso de las ETT, la generalizada temporalidad y los salarios de supervivencia impuestos a la juventud que sustituye a las y los trabajadores con más experiencia, expulsados de las empresas durante la crisis. Ilustra que UGT y CCOO de Navarra, a diferencia de sus organizaciones estatales, ni tan siquiera se cuestionen la eficacia del sistema preventivo mercantil español convertido en un negocio.

Renacen las políticas de pactos sociales. Es penoso que lo haga un gobierno en funciones que ha sido combatido, sin piedad, durante toda la legislatura por los agentes sociales de la reacción navarra. Financiar a las organizaciones sindicales del Régimen anterior, y que han demostrado ser su punta de lanza contra el gobierno del cambio, creemos que ha sido una evidente torpeza política. Solo sirve para alimentar la burocratización sindical y la competencia desleal contra el resto de las organizaciones sindicales.El autor es parlamentario foral