desde la Asociación Navarra para la Salud Psíquica abordamos durante 2018 el bullying y los malos tratos como desencadenante de drogadicciones y problemas de salud mental entre los jóvenes. Con este motivo, celebramos diferentes conferencias y disertamos sobre ello en algunos medios de comunicación. En un sentido más amplio, sin negar en absoluto que el acoso escolar y el abuso constituyan problemas sociales graves, desearía realizar una aportación en cierto modo personal que guarda algún paralelismo pero que resulta ser un tema mucho más complejo y con unas connotaciones políticas de que el bullying a priori carece, a saber: el dolor mental que acompaña a las víctimas del terrorismo de ETA y de otras violencias, algo que todavía no se ha valorado adecuadamente pese a que resulte evidente que ese sufrimiento existe, cuanto más que los atentados mortales de la banda terrorista representaron la máxima expresión de la intolerancia y la crueldad políticas, pero que iban a su vez acompañados de una enorme y angustiosa presión social por parte del colectivo abertzale hacia todo aquel que pensase de forma diferente. Los políticos constitucionalistas han vivido bajo una amenaza constante, con guardaespaldas, mirando los bajos de su coche cada mañana, algo extensible aunque a otro nivel a los militantes, y simpatizantes inclusive, de los partidos políticos democráticos, que en diferentes contextos, maneras y grados han experimentado la coacción, la intimidación, el acoso y la discriminación constantes tanto en el ámbito laboral, como educativo, como familiar o en el barrio o en el mismo portal de su vivienda.

En la primera década de los 90 del siglo XX, el movimiento de la insumisión a la mili obtuvo gran repercusión mediática. No obstante, en aquellos años el Ejército español, lejos de la imagen que se suele ofrecer desde algunas ideologías radicales, contribuía de forma altruista pero notable a la misión de paz de la ONU en la Guerra de los Balcanes. Esto no impidió que los militares y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sufriesen todo tipo de agresiones, no solo terroristas propiamente dichas, sino de rechazo social, aislamiento, marginación, etcétera. Asimismo, los jóvenes que, ya sea por razones económicas, ya sea por cumplir la legalidad sin que su conciencia tuviese nada que objetar, respondieron positivamente a la llamada del servicio militar obligatorio, han padecido en Pamplona una discriminación, marginación, exclusión social, aislamiento y en algunos casos una intimidación y un acoso por parte de grupos radicales difícil de valorar y de cuantificar. Sin embargo, estas situaciones descritas no están exentas de consecuencias en la vida personal y en la salud de quienes las han padecido, ya que producen un profundo dolor mental que ha podido desembocar en patologías más graves, como víctimas pese a los frecuentes prejuicios que existen hacia las personas usuarias de los servicios y prestaciones de salud mental.

Cuando hablamos de reparación de las víctimas, hay que tener en cuenta que esta condición muestra varias gradaciones y escalas que abarcan desde quien fue asesinado con un tiro en la nuca y sus allegados hasta quien ha sufrido aislamiento y rechazo social por haber cumplido con el servicio militar. No se trata de criminalizar a ciertos movimientos sociales, ni de considerar víctimas del terrorismo a todos los que han sufrido sus consecuencias, sino de mostrar la realidad social resultante de medio siglo de actividad terrorista y de subsanar las injusticias y heridas todavía abiertas y, en definitiva, de avanzar en pro de una reconciliación justa. Ciertamente, la Administración foral deberá reparar de forma adecuada y proporcional desde la consejería que corresponda (Justicia, Salud, Interior?) a todas estas personas que tanto han sufrido.

El autor es escritor y colaborador de ANASAPS