El 20 de septiembre de 2017 acepté una oferta de Vodafone para internet, línea móvil y fija y televisión (hasta entonces tenía un contrato con Orange). El 30 vinieron los técnicos para hacer la instalación y me dieron un número de teléfono provisional. Ante mi sorpresa, las dos compañías me facturaron los meses de octubre, noviembre y diciembre. A partir de ahí comenzó un infierno de horas de espera al teléfono y todo tipo de excusas por ambas partes, por lo que puse el caso en conocimiento de AC Irache, desde donde se envió un escrito a ambas compañías, quienes contestaron que sus cobros eran correctos. En diciembre y enero llegaron dos nuevas facturas de Orange a una cuenta distinta de la autorizada, y cuando los devuelvo me amenazan con incluirme en una lista de morosos. Decido presentar entonces una demanda contra Orange, pues estoy recibiendo el servicio de Vodafone. El 10 de junio de 2019 recibo por fin el bando de los sesudos miembros de la Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Navarra desestimando la demanda porque consideran que tengo en mi domicilio dos líneas de internet, dos de fijo, dos de móvil y dos de televisión y obvian las facturas de diciembre y enero que devolví. Después del monumental cabreo solo se me ocurre “acaba y vámonos”.