El Supremo británico ha anulado dos condenas a Gerry Adams por tratar de escapar de Maze, prisión reservada a los presos del IRA. Con la particularidad de que ha tardado 47 años en emitirla. Debe ser norma de los tribunales supremos el dilatar las sentencias, pues sus miembros “están abrumados de trabajo y la justicia no tiene plazos”. Como la actuación de los tribunales superiores españoles a los que los juicios se le acumulan. Aunque a decir verdad, en el nuestro los jueces saben priorizar las causas contra vascos o catalanes, pues en ese caso son capaces de emitir sentencia en horas si se consideran asuntos de estado. El CGPJ tiene además la particularidad de que incumple la legislación, pues lleva dos años de mandato caducado. Se da el caso de que en 2018 PP y PSOE acordaron regularizar esa situación de ilegitimidad y se nombró al juez Marchena presidente. Pero los duendes se movieron y el senador del PP, Ignacio Cosidó, publicó un whatsapp en el que aseguraba a sus correligionarios que “con este presidente al frente del CGPJ se podría controlar el alto tribunal desde atrás”. El eximio juez tuvo que renunciar avergonzado, pues se hizo público su nombramiento antes de constituirse la junta de vocales que debería elegirle. En desagravio se le nombró presidente del procés contra los independentistas catalanes, emitiendo sentencia en menos de tres meses, lo cual es muestra de su eficacia si conviene. Volviendo a la tradicional ejemplaridad de los tribunales ingleses, la realidad es más prosaica, pues ahora el Supremo admite que la orden de detención no fue cursada por la autoridad competente, aunque han tardado 47 años en descubrir el error. También merece elogiarse su seriedad, pues entre 1971 y 1975 fueran encarceladas 2.000 personas sin juicio, denunciándose ante los tribunales como violación de las libertades civiles.
