Nos estremeció la mortalidad de los ancianos en residencias por la pandemia. Las directivas de alguna autonomía para no atenderlos resultan increíbles y lo mismo que ver a sanitarios defenderlas en un programa de televisión. Debemos exigir que un trato discriminatorio así no se repita.Las residencias fueron el flanco más azotado por el virus. Mientras que el sistema hospitalario suscitó la máxima atención, las residencias tuvieron menos recursos, con más infectados entre sus usuarios y el personal, con similar dedicación que en los hospitales, pero con menos reconocimiento y salarios más bajos.En este contexto la actuación del Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAP) que aglutina a las empresas que conciertan servicios con las Administraciones resulta chocante. Hace unas semanas su directora explicó al parlamento nacional y a los medios la falta de atención sanitaria y describió a médicos, que como el ángel exterminador, llegaban a las residencias a dictaminar directamente la sedación de los enfermos. Acusó a varias autonomías de no atenderlos según criterios de edad y discapacidad. Aunque la CEAP no llevó al juzgado de guardia esas acusaciones cuando se produjeron, lo que habría evitado su prolongación, tal como era su deber.Sus recientes informes sobre residencias y covid son igualmente extraños. Mientras reparte culpas y responsabilidades por doquier, unas justas y otras menos fundamentadas, soslaya la situación real de muchas de sus residencias. Oculta un conflicto laboral constante en muchas de ellas, con contratos en precario, discontinuidad laboral, gran carga laboral e insuficiencia de personal, salarios ínfimos y sin suministrar formación a sus empleados, para maximizar el negocio. Soslaya que se fomentaron residencias para cientos de personas, en condiciones poco adecuadas en cuanto a espacios, alimentación, iluminación, actividades y movilidad de los usuarios; unas condiciones de vida que pocos desearían. Y estas condiciones de habitabilidad para maximizar los beneficios, con muchos usuarios y espacios reducidos, son un ambiente propicio para los contagios.La CEAP afirma que no se hacen analíticas en las residencias, que no hay un mapa de las infecciones pasadas, algo incierto para algunas comunidades. Hay información pública que indica que en Navarra se hicieron y se hacen pruebas mensualmente a trabajadores y residentes, además de realizarse muestreos periódicos, pero su informe lo niega expresamente.Quizás la razón de los muchos sesgos de sus análisis sea, como indican, que se debe limpiar la imagen deteriorada de la gestión de las residencias. Y es que la epidemia ha mostrado que necesitamos otro modelo, con residencias más pequeñas y espaciosas, suficientemente asistidas, con trabajadores motivados y adecuadamente remunerados. Mientras eso se consigue se necesita más inspección rigurosa de las residencias, tanto del trato a las personas como del ambiente residencial, con profesionales adecuadamente formados y remunerados, con una asistencia médica adecuada, a veces saturada de una polifarmacia sin sentido y un exceso de sujeciones químicas y físicas. Pero esto no está en la agenda de la CEAP.