El pasado 2 de octubre, el Gobierno de Navarra ordenó a las residencias de mayores y centros de discapacidad prohibir las salidas y visitas de familiares a los residentes en dichos centros. Ya son más de 60 días vulnerando los derechos fundamentales de las personas amparadas en la Constitución. Mientras esta parte de la población navarra sigue encerrada y aislada en sus domicilios, que son las residencias, el resto de ciudadanos vivimos, aun con ciertas restricciones, en libertad. Por si fuera poco, deben pagar por vivir en régimen carcelario. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta inhumana discriminación?