ace escasas fechas los sindicatos APF y CSIF/SPF, mayoría sindical en el ámbito de la Policía Foral, ofrecimos una rueda de prensa para informar de la situación laboral de nuestro colectivo. Y, entre otras cuestiones, mostrábamos nuestra indignación por las declaraciones del consejero de Interior, Javier Remírez, y la directora general de Interior, Amparo López Antelo, referidas a la imposibilidad de desarrollar reglamentariamente la

Ley 23/2018, de las Policías de Navarra. De manera especial aludíamos al Reglamento de Jornada, Horarios y Retribuciones, que tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019, y del que, a día de hoy, no sabemos absolutamente nada. En distintos escenarios, tanto el consejero como la directora general habían manifestado una “clara y firme voluntad de impulsarlos” (sic), llegando al punto de facilitarnos una valoración de puestos de trabajo realizada por la AIN, y un cronograma donde se establecía que a 1 de enero de 2022 estaría en vigor el mentado reglamento. Sin embargo, cuando ha llegado la hora de la verdad, después de esconderse durante meses para no dar cara a la representación sindical, en sus últimas declaraciones manifiestan hallarse atados de pies y manos por una Ley de Estabilidad Presupuestaria que les impide incrementar la masa salarial habilitada para los gastos de personal.

Aparte de que con esta inacción, la Consejería de Interior incumple la legislación emanada del propio Parlamento -un hecho gravísimo en un estado de derecho-, los sindicatos abajo firmantes nos sentimos con los argumentos suficientes para desmentir las declaraciones de Remírez y López Antelo.

Después de una ronda de reuniones con la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, y visto lo que hemos visto y estamos viendo a nuestro alrededor, podemos decir bien alto y bien claro que no hay impedimento legal para aumentar ese famoso capítulo uno, sino una clamorosa y vergonzosa falta de voluntad política. Solamente así podemos entender, por ejemplo, que sí se haya habilitado en los Presupuestos Generales de Navarra un complemento que asegure a los guardias civiles que quieran acceder vía “pasarela” a la Policía Foral las retribuciones que cobran en la Guardia Civil. Una decisión esta que evidencia dos cosas: que las retribuciones en la Benemérita son superiores a las que se perciben en la Policía Foral, y que se va a establecer en nuestro colectivo una doble escala salarial que vulnerará flagrantemente el principio de “a igual trabajo, igual salario”. Por otro lado, y si lo afirmado por nuestros máximos dirigentes políticos fuera cierto, es evidente que el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, ha prevaricado al haber aumentado estos últimos años las retribuciones de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y también que son unos delincuentes los alcaldes de un buen número de ayuntamientos de Navarra que, siguiendo precisamente lo establecido en ley 23/2018, han aumentado las retribuciones de sus policías locales mediante la aplicación de los correspondientes estudios de puestos de trabajo. Asimismo, y ya por último, el mismo Gobierno de Navarra merecería ser acusado de prevaricación al haber aprobado en los Presupuestos una dotación extraordinaria para que el personal sanitario vea reconocido su trabajo en días señalados de su calendario laboral. Algo que también venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Dejando claro nuestro respeto para con las condiciones laborales del resto de cuerpos policiales y, por supuesto, para el personal sanitario -bien merecidas por su servicio y compromiso con la ciudadanía- desde la mayoría sindical de Policía Foral queremos denunciar el trato, cuando menos irrespetuoso, que nos depara nuestra consejería, al tiempo que reivindicamos, por enésima vez, nuestro trabajo. Amén de que hoy en día nadie duda de que somos el referente en seguridad ciudadana, juegos y espectáculos o medio-ambiente, según el Informe de Criminalidad 2020, los 1100 efectivos de la Policía Foral, que suponen el 27% del total de policías que operan en Navarra, recogieron el 50% de denuncias; investigaron el 41,55% de los delitos contra las personas, la libertad sexual, el patrimonio y las nuevas tecnologías; y el 47,34% de las denuncias por violencia de género. En cuanto a la seguridad vial, las estadísticas apuntan que atendemos entre el 65 y el 75% de los accidentes de tráfico, subiendo dicho porcentaje hasta el 80% en investigaciones con accidentes mortales.

Los policías forales creemos que estos datos hablan por sí solos y evidencian la carga de trabajo que soportamos. Y pensamos también que nuestra situación laboral tiene que cambiar. Sí o sí. No somos más, pero tampoco menos que el el resto de policías que operan en Navarra, y reclamamos la igualdad de condiciones retributivas y laborales. Porque no puede ser que la Ley de de Estabilidad Presupuestaria se aplique solo a los policías forales. Porque no puede ser que nuestro trabajo no se valore igual que el de otros colectivos policiales. Esta semana, en el debate de aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra, el Gobierno tiene una magnífica oportunidad para corregir este entuerto.

Firman esta carta: Santiago Arraiza (APF) y Francisco Javier Tarazona (CSIF-SPF)