La derecha y la extrema derecha en el Senado, esto es, PP, UPN, Ciudadanos y VOX han presentado vetos a la Ley de Memoria Democrática y, además, han anunciado su voto en contra a la ley. En el caso de UPN esgrime tres motivos o más bien, excusas para oponerse frontalmente a la Ley de Memoria Democrática, que me parecen falaces.
En primer lugar, sostiene que la Ley de Memoria Democrática olvida a las víctimas de ETA. Sin embargo, sobre lo que se discute en esta ley no es sobre las víctimas de ETA, sino de las víctimas del franquismo. De hecho, las víctimas de ETA ya tienen su propia ley que, por cierto, fue aprobada a instancias de un gobierno socialista. En mi opinión, estamos ante un intento de enfrentar a unas víctimas con otras, lo que me parece indigno. Los socialistas siempre hemos estado y estaremos con todas las víctimas, con los que han sufrido, bien por el terrorismo de ETA, bien por el franquismo. Muchos socialistas han sido asesinados por estos dos proyectos totalitarios.
En segundo lugar, según UPN, la Ley de Memoria Democrática cuestiona la Transición española. Se trata de un argumento mendaz que queda desmentido simplemente leyendo la propia ley. Así, a modo ejemplo, la norma afirma que “el espíritu de nuestra transición democrática ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país”. Mal vamos cuando tenemos que discutir sobre lo obvio.
En tercer lugar, según UPN, la ley supone un adoctrinamiento ideológico. Se trata de un argumento ya utilizado por la derecha cuando se opuso a la impartición de la asignatura de educación para la ciudanía. Lo cierto es que es muy común en los Estados democráticos europeos, especialmente en los que han atravesado por experiencia autoritarias (Alemania, Italia, etcétera) que en las escuelas se estudie la lucha por el reconocimiento de las libertades públicas, las consecuencias de los autoritarismos y la enseñanza de los valores inherentes a la democracia como son la libertad, igualdad, el pluralismo político, social, etcétera. De hecho, el artículo 27.2 de la Constitución ya establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales y, además, el Consejo de Europa recomienda introducir en los sistemas educativos la educación para la ciudadanía.
En realidad, la Ley de Memoria Democrática cumple dos funciones con las que la derecha y extrema derecha están en desacuerdo. De un lado, la ley pretende reconocer, resarcir, reparar y restablecer a las víctimas del golpe de Estado y la posterior dictadura. Todo ello en cumplimiento de lo establecido en el derecho humanitario. La ley de Memoria dispone que el Estado se hace responsable de la exhumación de los cuerpos de miles de víctimas de la Guerra Civil, según algunas estimaciones podrían alcanzar 114.000 personas.
De otro lado, la ley de Memoria Democrática es un instrumento de defensa de la democracia constitucional como forma pacífica de convivencia. Se trata de que no se repitan los errores del pasado. Por ello, entre otras cuestiones, la ley condena el golpe de Estado y la posterior dictadura franquista; establece el día de recuerdo y reconocimiento de todas las víctimas; que en el sistema educativo se garantice que los alumnos conozcan la lucha por reconocimiento de la democracia y las libertades públicas y el conocimiento de la historia y de la memoria democrática.
Las democracias son frágiles, nunca se pueden dar por consolidadas, jamás se deben dar por supuestas, como lamentablemente ha puesto de manifiesto la historia de nuestro país y de otros Estados europeos. Las involuciones democráticas no son fruto del pasado, como lo demostró el hecho de que un grupo de insurrectos asaltó el Capitolio o los constantes ataques a la democracia y el Estado de Derecho protagonizados por la extrema derecha en Polonia, Hungría, que probablemente se extenderán a Italia por el gobierno liderado por la neofascista Meloni en coalición con Forza Italia, formación adscrita al PP europeo.
Creo que los navarros y navarras merecen que UPN y el PP no se escondan y expliquen el motivo por el que se niegan a que los poderes públicos recuperen los cuerpos de las víctimas de la dictadura. Idénticas preguntas se puede hacer sobre declaración de ilegalidad e ilegitimidad de las resoluciones de los tribunales franquistas; el derecho a la verdad de las víctimas; su negativa a que se enseñe a los niños las consecuencias de los proyectos autoritarios y los valores democráticos. Quizá la respuesta la encontremos en movimientos políticos posteriores.
El autor es senador por Navarra. PSN-PSOE
