Es noviembre de 1975 y el reino de Marruecos arroja a miles de civiles contra campos de minas para forzar sus condiciones en las negociaciones por el Sáhara Occidental, territorio español por entonces. Fue la llamada Marcha Verde.

Es este noviembre también, concretamente este pasado fin de semana, cuando varias asociaciones y periodistas movilizan a decenas de sin techos magrebíes para forzar su entrada de forma prioritaria en el Albergue de personas sin hogar. 

Estos hechos se producen como culmen a varios días de amenazas y chantajes a los trabajadores de dicho centro por parte de las citadas asociaciones. Los hechos suceden de la siguiente forma. El viernes envían a varias personas a solicitar entrada. Entran aquellos a quienes les corresponde por no haber agotado prestaciones. El resto no. El sábado se producen varias llamadas amenazando con denuncias personales a los trabajadores si no se plegaban a acoger a quienes ellos dictasen. También se presenta un periodista a última hora del día para pedir primero, y exigir más tarde, que se acogiese a la persona que él traía. Pese a que se informa de que ésta no cumple requisitos de entrada en una noche de seis grados, y no cuatro como se ha publicado, insiste en presionar esgrimiendo su condición de periodista, alegando que, si no, “habrá consecuencias”.

Sólo horas más tarde se convoca una manifestación para el domingo por la tarde frente al citado albergue en donde, dentro, dos trabajadoras tendrán que enfrentar la presión de más de medio centenar de convocados. Unos engañados con una narrativa manipulada, y otros sabiendo perfectamente cuál era su objetivo final.

Finalmente, y a instancias superiores, se negocia la entrada de cuatro usuarios a quienes no correspondía estancia.

Hoy el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, con los saharauis en situación de desamparo. Esa noche, otras cuatro personas a quienes sí correspondía estancia, pero que no gozaban del lujo que otorga estar en la agenda política de nadie, no pudieron entrar al albergue por estar sus plazas ocupadas.

No es cierto todo lo que se ha publicado, pero entiendo que las fuentes den su propia versión. Versión impulsada por la necesidad de cumplir las promesas irreales de quienes han generado durante años un efecto llamada que ahora disfruta no solo la ciudadanía navarra, sino el propio colectivo de personas sin hogar de Navarra que, siendo éste de diversos orígenes, condiciones y nacionalidades, ven cómo ahora son, también en la calle, ciudadanos de segunda.

Por último, quisiera agradecer a las personas del Ayuntamiento de Pamplona que se desplazaron a nuestro puesto de trabajo fuera de su jornada laboral para hacer frente a lo que allí se vivía, así como remarcar que escribo estas líneas a modo personal y no como portavoz ni del recurso ni de los programas en los que ejerzo como trabajador.

El autor es trabajador de PSH (servicio de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento de Pamplona)